El septiembre veracruzano

En 35 días, Veracruz vivió toda una vida en la lucha contra el narcotráfico. En ese ciclo experimentó violencia del cártel más sanguinario, operaciones militares, la activación de comandos de exterminio que actuaron al margen de la ley pero del lado de las autoridades, terrorismo sicológico, venganzas políticas en el marco de la guerra contra los criminales, guerra sucia y el final de las operaciones encubiertas,

La velocidad con la que transcurrió todo este proceso, escondido en episodios colaterales y escandalosos, no ha permitido asimilar todo lo que vivió México en este septiembre, que sin embargo tiene todos los ingredientes para causar problemas legales al gobierno del presidente Felipe Calderón en el futuro mediato.

Este periodo comenzó formalmente el primero de septiembre, cuando el gobernador Javier Duarte acordó con el secretario de la Marina, almirante Francisco Saynez, el inicio de las operaciones de la Armada en territorio veracruzano. El prólogo era la descomposición acelerada al concentrarse Los Zetas en su viejo santuario, que son combatidos por todos los cárteles, y por la caída de sus ingresos por falta de droga que vender, por lo que se volcaron a la extorsión, secuestro, robo y homicidio.

En ese periodo previo, Los Zetas mismos dinamitaron su casa. En junio secuestraron a tres marinos en Tuxpan, que participaban en operaciones contra el narcotráfico, los torturaron y los asesinaron.

La respuesta inmediata fue informal. El 29 de julio aparecieron los Mata Zetas a través de un video. Era un grupo de unos 30 hombres encapuchados con fusiles reglamentarios de las Fuerzas Armadas, que leyeron un manifiesto para expresar su apoyo al Ejército, la Marina y a Duarte, y anticipar que matarían a Los Zetas y los expulsarían del estado. Ahí empezaron las operaciones encubiertas.

La sociedad veracruzana y nacional no reparó de inmediato en el cambio cualitativo del combate. Más aún, unas tres semanas después, en medio del clima de violencia, dos tuiteros subieron a las redes sociales versiones de que estaban secuestrando a niños en las escuelas veracruzanas. La difusión de estos rumores, presentados como hechos ciertos, provocó pánico y alteraron por completo el orden.

Duarte los acusó de sabotaje y terrorismo, y les aplicó una ley que los podría llevar 30 años a la cárcel. La acción draconiana del gobierno veracruzano desató una polémica nacional y críticas por lo que se consideró un ataque a la libertad de expresión, Duarte no daba un paso para atrás, sino que cada vez elevaba más el costo para los tuiteros, y capturaba toda la atención política y mediática.

Finalmente Duarte se desistió un mes después y los tuiteros fueron liberados. Sin embargo, visto en retrospectiva, ese sonoro ruido ayudó a esconder el inicio formal de las operaciones militares en Veracruz. En ese escándalo pasó desapercibido el acuerdo entre el gobernador y el secretario de la Marina, y el envío de dos mil marinos a Veracruz, que en aviones Hércules C-130 y vehículos artillados, así como en dos helicópteros Black Hawk equipados con la más moderna tecnología, incluido un radar de pólvora, que es utilizado para detectar arsenales.

Un día después del acuerdo con el almirante Saynez sucedió un hecho todavía sin explicación. En Xalapa fueron incendiados ocho taxis y dos de sus choferes ardieron hasta la muerte en su interior. Los ocho taxis eran utilizados para el narcomenudeo, y la versión oficial fue que había sido un ajuste de cuentas entre criminales. La plaza, sin embargo, no estaba en disputa.

Aunque un hecho muy significativo por lo espectacularmente violento e inédito, las tres primeras semanas de septiembre estaban dominadas por el escándalo de los tuiteros. Mientras, la Marina se desplegaba por el estado y hacía arrestos de policías y sospechosos de estar vinculados con criminales. Los operativos fueron públicos, y hay testimonios de detenciones donde destrozaban el vehículo y se llevaban a golpes a sus ocupantes. Los Black Hawk sobrevolaban las zonas residenciales y donde detectaban alta concentración de pólvora, se deslizaban desde el aire los comandos para realizar sus operaciones. Lo que mostraba la Marina eran autos tapizados de balas y detenciones violentas.

La dinámica funcionaba. Duarte y su gobierno aguantaban la paliza mediática, y se abría espacio a la Marina para las operaciones abiertas y a los Mata Zetas para las encubiertas. En esos momentos, el gobernador se pronunció el 19 de septiembre por Enrique Peña Nieto como el mejor cuadro del PRI para la Presidencia. El destape fue seguido por una acción violenta al día siguiente.

Treinta y cinco cuerpos fueron tirados en Boca de Río, en el perímetro de seguridad de la sede de una reunión de procuradores a realizarse 72 horas después, y en una ciudad patrullada por la Marina. Cuatro vehículos circularon a mediodía con 35 cadáveres sin ser detenidos, los tiraron en un punto ciego de las cámaras de seguridad en las calles, y huyeron sin que nadie los molestara en la huída.

Días después, en otro video, los Mata Zetas se adjudicaron la matanza, y se desató un debate sobre la posible existencia de grupos paramilitares en Veracruz. El gobierno federal declaró de manera reiterada que no existían esos grupos en México, y el lunes convocaron a Duarte en Los Pinos con su gabinete de seguridad.

De esa reunión quedó el registro público de una fotografía el miércoles donde el gobernador, diminuido, posó en medio del gabinete de seguridad federal. Se anunciaba la toma de Veracruz por parte del gobierno federal para combatir a la delincuencia. La responsabilidad del mando recayó la Marina, y sus dos mil elementos se les añadieron 600 más para tareas de seguridad pública.

El gobierno federal tomó el control policial en Veracruz, y dentro de la Marina creen que habrán terminado de “limpiar” el estado para diciembre. La institucionalización de esta lucha pone fin, se supone, a las operaciones encubiertas de comandos de ejecución de zetas, pero no resuelve un problema derivado para el Presidente y su gobierno, en el año siete, ocho o nueve del sexenio.

No habrá una prolongación de mandato, que nadie se equivoque. Ese plazo es el periodo de maduración de una posibilidad: que el septiembre veracruzano termine en tribunales internacionales, donde llamen a los funcionarios de este gobierno a responder por cargos vinculados con la guerra sucia que no reconocen, pero que cada vez existen más evidencias que existió.