Es reconocida la labor de activista de Monterrey

ENTREVISTA

Más de una década pasó desde que Consuelo Morales sintió por primera vez que la muerte la seguía, perseguida en un auto por desconocidos, y este 2011 cuando la organización Human Rights Watch (HRW) le entregará el premio Alison de Forges por el valor de poner en riesgo su vida para defender a otros.

“Esas personas estaban cada vez más cerca y a mí me temblaban las piernas”, recuerda esta monja fundadora de Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC), una de las pocas organizaciones de su tipo en Monterrey, en el norteño estado de Nuevo León.

“Me temblaron unos minutos hasta que me dije: ellos son los que están en la ilegalidad, ellos son los que deben tener miedo, no yo”.

Minutos antes de ser acosada había enfrentado a agentes del Ministerio Público (MP) porque golpearon sin clemencia a un muchacho que en el piso se cubría su ya amoratado y desfigurado rostro.

Tundas para obtener la confesión de un delito que quizá el joven no había cometido. Palizas a lado de las oficinas de la policía del municipio de Apodaca donde la religiosa daba una capacitación de derechos humanos. Una ironía. “¡Déjenlo!”, exigió.

“Estoy segura de que quienes me perseguían en el coche cuando me fui del reclusorio eran los mismos policías del MP para asustarme, para decir: ‘aquí no te metas'”.

Pero Consuelo fue en sentido contrario en busca de justicia en su estado natal que hoy es uno de los más violentos del país con seis desapariciones y hasta 32 asesinatos al día.

Desde 1993, cuando fundó CADHAC, la violencia incrementó con acciones cada vez más inhumanas: cuerpos de mujeres ahorcadas en puentes peatonales; 22 civiles acribilladas en un bar de Sabino Gordo; 52 personas quemadas vivas al interior del casino Royale. Consuelo no para de contabilizar las masacres y otras barbaries como las desapariciones. Tan solo en la organización que encabeza están documentados 92 raptos donde se extraviaron 700 personas a quienes trata de localizar con un grupo de abogados.

CADHAC también cuenta con algunos psicólogos y trabajadores sociales. El equipo total es de 10 personas, algunos voluntarios.

Nik Steinberg, analista de HRW, experto en México, describió la labor de la organización de Consuelo como sorprendente: “Está haciendo el trabajo que deberían estar haciendo diversas áreas del gobierno con un equipo tan pequeño que sin duda es un gran ejemplo de lo que se puede hacer cuando hay coraje”.

Steinberg subraya que el ejemplo de CADHAC ha sido clave para la creación de otras asociaciones civiles en Monterrey de estudiantes, ambientalistas, vigilantes de la administración pública. “HRW consideró que el premio puede poner los reflectores para dar a CADHAC y a la región un poco más de protección frente al peligro que enfrentan”.

Consuelo, de 63 años, es amenazada de muerte por teléfono, por carta, por mensajes macabros como gatos muertos en la puerta de su casa.

El remitente puede ser cualquier afectado por sus denuncias: desde delincuentes hasta empresarios, militares, policías o cualquier autoridad.

La experiencia de la religiosa -también galardonada con el Premio Nacional por la Igualdad y contra la Discriminación- es que en el 30% de los abusos contra los derechos humanos son perpetrados por funcionarios públicos. Y cita ejemplos.

Los militares y marinos ingresan a las casas sin orden de cateo y jalan el gatillo a la menor resistencia. “Hace unos días los marinos mataron a un muchacho de 19 años porque no bajó rápido las escaleras”.

De lado de la justicia, los ministerios públicos no investigan las denuncias porque consideran a las víctimas culpables antes de investigar o porque existen complicidades o porque tienen miedo.

“Lo que necesitamos ahora en Monterrey es un ejército, pero de investigadores, de agentes que resuelvan los casos y termine la impunidad, no de soldados que generan más violencia”, sentencia.

“Las personas tienen derecho a tener justicia, a saber qué pasó con sus hijos, sus padres, sus amigos; ignorarlas puede traer mucho más daño”.

Consuelo ha sido consuelo de muchos, a pesar de que sus enemigos políticos la han acusado de defender a delinuentes.

“Todos tenemos derecho al debido proceso”, ataja.

En 1996 encabezó una lucha de mujeres que imploraban atención médica para sus familiares heridos durante un motín del reclusorio municipal: las autoridades negaban la entrada de doctores como una forma de castigo a los rebeldes que se desangraban en los pasillos de la penitenciaría.

“Todos tenemos derecho a una vida digna”, detalla para explicar por qué 10 años después su activismo logró cancelar la construcción de un complejo residencial con campo de golf que afectaría el área natural protegida que surte el 30% del agua potable de Monterrey.

Con todo, el trabajo apenas empieza: “Yo siempre he creído que la gente se puede levantar por sí misma, cuando hay condiciones, pero ahora no hay condiciones para que en el estado de Nuevo León la gente se levante sola. Necesita ayuda”.