Ofensores sexuales se ‘reacomodan’

Reporte revela que direcciones de 1,000 agresores coinciden con hogares de crianza

SACRAMENTO.- Cientos de ofensores sexuales viven o trabajan en los hogares de crianza donde son atendidos los niños que son quitados a sus padres por ser víctimas de abusos, reveló un reporte de la Auditora Estatal de California.

La investigación encontró que las direcciones de 1,000 agresores sexuales coinciden con las instalaciones o casas de los hogares de crianza en los condados de Sacramento, Fresno y Alameda.

Lo más grave es que de esos 1,000 ofensores sexuales, 600 de ellos son de alto riesgo.

Margarita Fernández, portavoz de la auditora estatal, Elaine Howle, dijo que se prepara un reporte especial para el condado de Los Ángeles, el cual será revelado en enero. Este atraso se debe a que en un principio el condado de Los Ángeles no cooperó con esta investigación.

Las indagatorias que dieron origen a este reporte fueron hechas a petición del asambleísta demócrata de Fresno, Henry Perea, quien solicitó que se escogieran cuatro condados para investigarlos tras varias muertes de niños en hogares de crianza en Fresno.

“Lo que sucedió es que el asambleísta recibió muchas quejas de que en Fresno no estaban respondiendo a las llamadas de abusos de menores, y él dijo ‘si esto pasa en Fresno, debe estar pasando en todo el estado'”, comentó Fernandez.

En un comunicado, Perea afirmó tras conocer los resultados “que si se encuentra que un ofensor sexual vive en una instalación donde un niño es cuidado, su único castigo es decirle que empaque sus maletas y se vaya”.

El reporte de la auditora encontró un rezago en los mecanismos del Departamento de Servicios Sociales para revisar a las personas con licencia para cuidar a menores de crianza, y aunque las agencias del bienestar de los menores (CWS) revisan los antecedentes penales de los individuos que los solicitan, no notifican las deficiencias a los Servicios Sociales.

Señaló que dicha institución podría hacer un mejor uso del Registro de Ofensores Sexuales del Departamento de Justicia para asegurarse que estas personas no vivan o trabajen entre los niños de los hogares de crianza.

“Nosotros comparamos los domicilios de los ofensores sexuales en este registro con los domicilios de instalaciones con licencia de los condados y de los Servicios Sociales para cuidar a estos niños, y encontramos 1,000 domicilios que coinciden con casi 600, de los cuales son de alto riego y necesitan una investigación de inmediato”, indicó la auditora en el reporte.

Hizo saber que proporcionaron estas coincidencias en los domicilios al Departamento de Servicios Sociales en julio pasado. En octubre respondieron que tanto ellos como las agencias del bienestar infantil de los condados (CWS) habían investigado 99% de todas las coincidencias en los domicilios.

Servicios Sociales, que se encarga de regular los hogares de crianza, respondió al reporte diciendo que ya comenzaron a tomar acciones legales contra ocho de ellos y emitieron 36 órdenes que prohíben que los ofensores sexuales estén en dichas instalaciones. Al mismo tiempo pidieron a los condados que remuevan a los menores de esas casas y que saquen a los ofensores sexuales.

Servicios Sociales citó la falta de recursos como la causa principal por la que no han implementado un mecanismo automático para revisar las coincidencias entre los domicilios de los ofensores sexuales y las casas de los hogares de crianza, y por las que se han rezagado en las revisiones que tienen que hacer de las instalaciones cada cinco o tres años.

Tras el reporte, la auditora del estado recomendó a los Servicios Sociales hacer un seguimiento de los domicilios que coinciden con los de estas personas en la lista que les entregaron en julio pasado, así como transmitir información a la Policía de cualquier ofensor que no cumpla con las leyes que les exigen registrarse.

“Si el Departamento de Servicios Sociales considera que necesita recursos adicionales para hacer, debe justificar y buscar esos fondos”, indicó la auditora.

La Opinión buscó la reacción de al menos tres organizaciones que abogan por los menores de crianza de California, Children Law Center, Alliance for Children Rights y California Youth Conection, pero ninguna respondió a la petición de comentar sobre el reporte.

Joseph Tietz, director de California Youth Conection, dijo que no lo había leído pero que no le sorprendía.