Pastor narra su historia al ser víctima de HB56

ANISTON, Alabama.-No habían transcurrido ni un par de horas desde que la jueza federal Susan Lovelace Blackburn le diera el visto bueno a la ley HB56, que convierte en delito ser un inmigrante indocumentado, cuando Manuel Hernández escuchó la sirena.

Acababa de salir de una gasolinera cerca del poblado de Warrior, Alabama, en una zona rural cuando el vehículo de un detective encubierto de la corporación policíaca del mismo nombre lo detuvo.

“Nunca nos dijo porque nos paró”, dijo Hernández, quien es pastor del Centro de Oración para todas las naciones en Aniston, Alabama y además indocumentado.

“El miércoles (28 de septiembre) entró la ley y el dijo este es el primero que voy a agarrar y deportar”, agregó.

A pocos días de que la HB 56, la ley más dura contra la inmigración indocumentada en todo el país cobrara efecto, los departamentos de policía del estado no han recibido entrenamiento. Aunque en áreas rurales algunas agencias parecieran tener su propia interpretación.

Hernández, de 36 años y oriundo de Puebla, México, podría convertirse en la primera persona en someter una demanda alegando que sus derechos civiles fueron violados en conexión con la ley HB 56.

“Creo que fue racismo, por ser hispano”, dijo el pastor, quien está hablando con abogados para someter un recurso legal después de haber sido privado de su libertad.

Hernández explicó que enseguida que lo detuvo el detective le pidió su documentación dudando sobre su estatus legal en el país.

El pastor le mostró su pasaporte mexicano y su matrícula consular al igual que una identificación emitida por la Asociación Estadounidense de Capellanes que utilizaba para identificarse como pastor en sus visitas a hospitales y cárceles. El detective cuestionó la validez de todos sus documentos, contó el pastor. Pero además le dijo que estaba cometiendo un delito al tener una identificación de capellán con el selló oficial del estado.

“Lo acusó hasta de no ser pastor”, dijo Fernando Rodríguez, un pastor de la Iglesia Casa de Oración en Albertville, Alabama que viajaba junto a él. El detective también cuestionó a Rodríguez, originario deHonduras, sobre su estatus migratorio, pero por tener su tarjeta de residente legal corrió con distinta suerte.

Hernández en cambio fue arrestado con cargos de portar una identificación con el sello del estado y pasó varios días en las cárcel de Warrior, Alabama donde asegura que fue discriminado por ser hispano.

“Le pedí una biblia en español para orar, y no me la quisieron dar”, dijo Hernández. También escuchó a los oficiales de detención hacer comentarios sobre él a sus espaldas pensando que no hablaba inglés. “Es ilegal y hay que tratarlo como ilegal”, narró sobre lo que decían.

La Opinión intentó hablar con el jefe de policía de Warrior pero no respondió a varias solicitudes. En cambio una llamada indagando sobre los cargos que enfrenta Hernández fue transferida al mismo detective que lo arrestó y se rehuso a dar su nombre “porque no quiero que salga en el periódico”. “No tiene nada que ver con la nueva ley de inmigración. Tiene que ver con el hecho de que estaba conduciendo en exceso de velocidad”, dijo el detective que refutó que hubiese hecho uso del perfil racial.

“En mi opinión todo esto de la migración se está exagerando”, agregó.

El pastor Rodríguez que viajaba con el detenido cuestionó por qué si fue exceso de velocidad no les dieron una multa por eso.

El detective aclaró que era una felonía usar el escudo del estado o sello oficial en una identificación. Pero en consulta con la Oficina del Sheriff del Condado Jefferson, donde se encuentra el poblado de Warrior, la interpretación de esa ley estatal fue diferente.

El estatuto local indica que se trata de un delito mayor o felonía si la persona usa la identificación con fines comerciales o si trata de hacer pasar la identificación como un documento expedido por el Departamento de Seguridad Pública del Estado.”Esto no es ilegal hacerlo, la mayoría de los capellanes traen esa placa,”

dijo Norma Hernández quien representa a la Asociación de Capellanes Estadounidenses y ha distribuido varias de esas identificaciones. “Este es el primer caso que se presenta”.

Hernández pensó que ya no volvería a ver a su familia pues el detective le aseguró que lo enviarían de regreso a México.

“Uno pensando lo peor porque acababa de pasar la ley”, dice Jobita, la esposa de Hernández y madre de sus cuatro hijos.

Pero el destino le deparaba otra oportunidad a Hernández puesto que después de que pasó a la custodia del Control de Inmigración y Aduanas

(ICE) las autoridades lo dejaron salir en libertad bajo palabra y sin pagar fianza.

“Pensamos que después de esto viene el permiso de trabajo”, aseguró sobre la posibilidad de recibir este beneficio mientras se decide su caso. Hernández espera le den una fecha para presentarse a la corte de inmigración.

El arrestó de Hernández en un principio afianzó temores entre la comunidad inmigrante de la zona puesto que muchos se atemorizaron al saber que hasta un pastor no estaba libre de ser arrestado, explicó Rodríguez que es pastor en Albertville.

“Yo estoy molesto porque aquí en Alabama hay una iglesia en cada bloque y se supone que tienes que ser buen samaritano”, dijo Rodríguez. “¿Cómo puede haber esa combinación entre tanta iglesia y tanto odio?”

La liberación de Hernández se convirtió en un alivio de esperanza para muchos de los miembros de su iglesia que lo ven como un ejemplo.

“Si nos preocupó pero sabíamos que iba a salir”, dijo Luz Elena de la Cruz, una inmigrante de Veracruz, México que integra la congregación de 70 miembros. “Esto nos dejó más fuertes”.

Eva Gillian, una anglosajona de 46 años que va a la iglesia de Hernández desde hace 2 años y escucha mediante un intérprete dice que fue un balde de agua helada.

“Pienso que ya es hora de reconocer que hemos usado (a losinmigrantes) y los descartamos según nos da la gana”, dijo.

Esta no fue la primera vez en la que Hernández enfrenta una deportación. En 1997 fue deportado a México después de una redada en el sitio donde trabajaba. Es por eso que le atribuye a la oración y a un milagro de Dios que lo hayan liberado. ICE no da información sobre casos en particular citando privacidad ni tampoco quiso contestar qué tipo de prioridad le darían a los casos de personas arrestadas bajo la ley HB 56.

“Las cárceles de inmigración están operando a su máxima capacidad. Y las estatales a un 190% de su capacidad”, dijo Zayne Smith, directora de políticas migratorias para el Centro de Leyes y Justicia Appleseed de Alabama.

Smith opinó que debido a esto ICE podría enfocarse más en invertir recursos en ir en búsqueda de criminales violentes en lugar de inmigrantes cuya única ofensa es estar en el país sin documentación.

“Cuando el estado está tratando de sobrecargar a ICE, no creo que lo aprecien mucho”, dijo Smith, sobre la actitud política que la agencia podría adoptar a la hora de procesar casos de personas detenidas por la HB 56.

“Esta ley es muy peligrosa porque hay oficiales que no tienen entrenamiento que ahora son agentes de inmigración”, dijo Smith.

Hernández dijo que no tenía miedo de compartir su historia. “Estoy seguro de que esto esta pasando en muchas otras partes”, dijo el pastor.