Piden explicaciones a la Casa Blanca

Activistas latinos quieren saber cuál es la 'verdad' sobre el programa de deportaciones

WASHINGTON, D. C. (EFE).— Una coalición de activistas prorreforma anunció ayer una petición nacional para exigir que una funcionaria de alto rango de la Casa Blanca “diga la verdad” sobre un controvertido programa de deportación de inmigrantes indocumentados.

La campaña de presión está dirigida contra la directora de Asuntos Intergubernamentales de la Casa Blanca, Cecilia Muñoz, después de que la funcionaria defendiera el controvertido programa “Comunidades Seguras” en el documental Lost in Detention, transmitido el martes pasado por la cadena televisiva PBS.

“Comunidades Seguras” fue puesto en marcha en 2008 por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) con el objetivo de deportar a delincuentes peligrosos, a los detenidos en la frontera y a quienes continúen violando las leyes de inmigración.

Bajo ese programa, las policías locales y estatales deben compartir las huellas digitales de todo detenido con la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y con el DHS.

Pero el programa ha sido objeto de críticas de grupos cívicos y religiosos porque, según cifras oficiales, también se ha utilizado para deportar a personas por infracciones menores.

En la petición, puesta en marcha ayer por la coalición encabezada por Presente.org, los activistas piden que Muñoz “denuncie” ese programa, regrese a sus raíces y retome su papel en la lucha “por la justicia”.

Como exvicepresidenta del Consejo Nacional de la Raza (NCLR), “la señorita Muñoz era una defensora de los derechos de los inmigrantes. Ahora es la principal defensora de fallidos programas como Comunidades Seguras que son responsables del encarcelamiento inhumano de centenares de miles de inmigrantes”, reza la petición.

En el documento, colgado en la página web de Presente.org, la coalición recuerda que la otrora activista de NCLR vio de cerca las luchas y el “terrible dolor que el fallido sistema de inmigración ha ocasionado” entre la comunidad inmigrante.

Entre esos efectos citaron la fragmentación de familias, el abandono de niños en EEUU por la deportación de sus padres indocumentados, la discriminación y “un clima de odio” contra los inmigrantes.

Tras ser nombrada en 2008 como el “brazo derecho” del presidente Barack Obama en asuntos de inmigración, Muñoz se ha convertido en “la principal defensora latina de políticas migratorias que han devastado a nuestra comunidad”, según la queja de los activistas.

“Es hora de que regreses a tu comunidad. Es hora de que digas la verdad y dejes de defender lo indefendible”, continuó la petición.

Un informe del Instituto Warren de la Facultad de Leyes de la Universidad de California Berkeley, divulgado la semana pasada, indicó que, de todos los detenidos bajo “Comunidades Seguras”, solo la mitad obtiene una audiencia ante un juez y de estos, nada más una cuarta parte tiene un abogado presente en la audiencia.

La Administración Obama ha deportado a más de un millón de indocumentados desde 2009, lo que supone un nuevo récord. Según la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), al término del año fiscal 2011, el pasado 30 de septiembre, se deportaron 396,906 indocumentados.

La Casa Blanca asegura que da prioridad a la deportación de los indocumentados con antecedentes criminales o que suponen un peligro para la seguridad nacional.

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