CHARLOTTE, Carolina del Norte (EFE). Un grupo en Carolina del Norte comenzó a recaudar firmas de apoyo de ciudadanos estadounidenses para que el estado devuelva el privilegio de las licencias de conducir a los indocumentados.
Jesus Ministry, una organización sin fines de lucro en Charlotte, inició la campaña el sábado pasado que busca recolectar unas tres mil peticiones de votantes a ser presentadas a la gobernadora demócrata Beverly Perdue.
“Desde junio de este año viajamos a 10 condados del estado a reunirnos con nuestra agente y el tema de las licencias era lo más importante para ellos. Lo que estamos proponiendo es una solución práctica que a la vez generará dinero al estado”, explicó ayer Maudia Meléndez, directora ejecutiva de Jesus Ministry.
El proyecto, “Licencias de Conducir para Inmigrantes”, estipula que los inmigrantes deben pagar 50 dólares por cada licencia, renovable cada dos años, comprobar que realizan sus impuestos con el número de identificación tributaria (ITIN), y que son residentes de Carolina del Norte.
Según cifras del Departamento de Motores y Vehículos (DMV), del 1 de enero de 2002 al 28 de agosto de 2006, la dependencia emitió 220,982 licencias de manejo con ITIN o W-7 a personas sin seguro social con vigencia de cinco años.
Muchos inmigrantes de estados vecinos y de diferentes partes del país llegaron a Carolina del Norte para sacarse el permiso de conducir aun no siendo residentes del estado.
En julio de 2006 entró en vigencia una ley estatal que impide a una persona sin papeles para estatus legal tener un permiso de manejo o tarjeta de identificación.
Las licencias emitidas hasta entonces comenzaron a caducar y a raíz de la puesta en marcha de programas como 287g y Comunidades Seguras en las cárceles locales, miles de indocumentados fueron arrestados y puestos en proceso de deportación.
En 2007, por ejemplo, unas 41,881 licencias otorgadas con ITIN se vencieron, cifra que aumentó en 2008 a 115,807, en 2009 a 50,555, otras 34,888 en 2010, y se espera que para fines de este año caduquen las últimas 19,732.
De los 800,120 hispanos que habitan en el estado, el Pew Hispanic Center calcula que 270 mil no tienen papeles para el estatus legal necesario que requiere la liciencia de conducir, pero Jesus Ministry estima que medio millón de inmigrantes podrían beneficiarse de la propuesta y tramitar además una identificación estatal.
“Es ofrecer una solución económica a las debilitadas arcas del estado. Podrán recaudar millones de dólares con el documento, con la presentación de la declaración de impuestos, con la compra de vehículos y renovación de placas”, acotó Lourdes Saavedra, economista y coordinadora del proyecto.
Meléndez aclaró que en esta ocasión no serán los inmigrantes los que soliciten a Perdue devolver el privilegio del permiso de manejo sino los mismos estadounidenses, residentes del estado, que apoyan la causa de los extranjeros.
Personas como Katherine Lynch, residente de Henderson, condado al oeste del estado, quien comentó que apoya la iniciativa porque beneficia a ambas partes.
“Los inmigrantes no tendrán miedo de ir a trabajar por ejemplo en la recolección de las manzanas, que en esta parte del estado es lo que mueve la economía, además estarán cubierto por un seguro vehicular para casos de accidentes”, declaró Lynch.
Algunos grupos antiinmigrantes, como Americanos por una Inmigración Legal (ALIPAC), han manifestado su rechazo a la medida, ya que consideran que los “ilegales no deben tener ningún privilegio”.
El proyecto nace en momentos que la Asamblea estatal es controlada por los republicanos y de la formación reciente de un comité especial que analizará las leyes, propuestas y programas existentes que tienen que ver con la inmigración.
La comisión, conformada por seis republicanos y tres demócratas, analizará además lo que otros estados están haciendo con respecto a los indocumentados y que estrategias podrían aplicar a Carolina del Norte.
“Mi opinión personal es que deberíamos convertir a Carolina del Norte en un estado que no dé la bienvenida a los ilegales de donde sea que vengan. Hay leyes para que se conviertan en ciudadanos y deben seguirlas”, declaró a los medios el representante estatal republicano Frank Iler, presidente del comité.
El grupo entregará un informe preliminar en mayo de 2012 y uno final antes de culminar el año al pleno de la Asamblea.
Según Meléndez, este es el “momento preciso” para buscar apoyo a la causa de los indocumentados antes que inicien las campañas políticas y los candidatos -con posturas antiinmigrantes- vuelvan a to-mar el tema de la inmigración para ganar seguidores.
