Hace pocos días, un grupo de 19 senadores republicanos escribió al Presidente Obama exigiéndole que elimine la directiva que intenta priorizar los casos de deportación de delincuentes peligrosos, acusando a la Casa Blanca de “ignorar a los transgresores de la ley” y asegurando que “la seguridad del país depende de la capacidad de impedir la entrada ilegal y responder cuando estos criminales han logrado entrar o se han extralimitado en los períodos de sus visas”.
Compartimos el punto de vista de que todo país tiene derecho a vigilar sus fronteras y perseguir a quienes las transgreden, pero nos parece que el enfoque de los senadores es contraproducente.
Si lo que les preocupa es la seguridad nacional y de los ciudadanos, entonces la mejor fórmula a seguir es precisamente la de no enfocar recursos primero en deportar estudiantes, jardineros y veteranos cuando se puede priorizar la expulsión de peligrosos delincuentes que amenazan la inmediata la tranquilidad y seguridad de los Estados Unidos de América.
Lo más preocupante es el empeño de los altos legisladores en criminalizar a todos los inmigrantes indocumentados y calificarlos de amenaza a la seguridad nacional. No hace muchos años que estandartes republicanos como Ronald Reagan y George H W Bush, el padre, se referían a los indocumentados como “buenas personas, personas que buscan trabajo, una mano de obra necesaria”. Hoy en día, lo popular es criminalizar hasta a los mejores entre ellos, y no sólo los republicanos lo hacen.
Este es un estado de cosas que resulta frustrante, miope y que no ayuda en absolutamente nada a llevar a cabo lo que verdaderamente es una necesidad para el país: echar una mirada integral a todo su sistema de inmigración.
El intento de la Casa Blanca de priorizar las deportaciones más urgentes debe ser elogiado y no atacado con retórica barata.
