Revisan el plan fiscal de ELA
Pagar el servicio del Sheriff con fondos de la Proposición 172 y dejar al condado el gasto de la biblioteca regional y del parque Belvedere son los puntos más importantes que abrieron una negociación que autoridades del condado concedieron al grupo que lucha por la secesión del Este de Los Ángeles.
En medio del debate por la solvencia financiera de la nueva ciudad, la principal barrera que impide su incorporación, el condado llamó a los promotores del proyecto para diseñar juntos un plan que resuelva un déficit de casi 20 millones de dólares y desarrollar una estrategia que permita el crecimiento económico y la sustentabilidad a largo plazo.
Por casi una hora, el gerente del condado William Fujioka se reunió con representantes de la Asociación de Residentes del Este de Los Ángeles (ELARA) para debatir su modelo de viabilidad financiera, que da respuesta a un análisis que concluyó que la entidad tendría un enorme hueco fiscal a menos que cobre más impuestos, reduzca sus servicios o reciba ayuda monetaria del condado.
Las principales propuestas de los residente son continuar recibiendo los 17 millones de dólares de la Proposición 172, un aumento al impuesto estatal a las ventas aprobado en 1993 para actividades de seguridad pública, y pagar la protección del Sheriff. Además, que el gobierno condal cubra los 8 millones de dólares anuales que se requieren para el mantenimiento y operación del parque Belvedere y la biblioteca regional, como lo hace con otras ciudades más afluentes, como Norwalk y Pico Rivera.
Sólo estas medidas equilibrarían su déficit estructural, pero, según los asistentes a la reunión, Fujioka las consideró excesivas. Ayer, el funcionario no estuvo disponible para comentar sobre el encuentro con los residentes.
“Sí hay manera de cerrar ese hueco”, insistió Gustavo Camacho, tesorero de ELARA y representante de los negocios del bulevar Whittier, el centro comercial más importante del Este. “Todos apoyamos que seamos una ciudad, porque el condado casi no ha hecho nada de inversion para poner estacionamiento adicional; todavía tenemos robos”, señaló.
Por años, los residentes del Este de Los Ángeles se han quejado de una negligencia fiscal y falta de servicios gubernamentales debido a que, según ellos, ciertos fondos han ido a parar a otras ciudades. Ahora, el temor es que también los fondos de la Proposición 172 que podrían ser retirados se envíen a otra parte.
“No se ha invertido suficiente en nuestra comunidad”, reclamó Ben Cárdenas, presidente de ELARA, quien indicó que su propuesta financiera es “razonable” y enfocada en mejorar la calidad de vida de los vecinos de esa zona.
Una preocupación adicional es que el condado les arrebate una subvención federal de 3 millones de dólares, con la que se pagan servicios sociales y mejoras en la infraestructura del barrio, y que mantenga una excepción fiscal a los edificios de gobierno que están ahí.
Camacho pone como ejemplo el cobro a un negocio por colocar un cartel publicitario, por el cual se paga hasta diez veces menos en ciudades cercanas, para resaltar la necesidad de ser independientes. “El condado es muy grande y tiene otras responsabilidades, por eso no se enfoca en el crecimiento económico de esta área”, comentó.
