Vence a Policías Federales
Empleada pública dice que sus jefes querían vengarse
MÉXICO, D.F.- Elízabeth Herrera, una agente del Ministerio Público en la fronteriza Ciudad Juárez dijo que sus jefes de la Procuraduría General de la República (PGR) querían vengarse porque ella integró el expediente que llevó a la captura de 10 policías federales acusados de secuestrar, torturar y extorsionar a un empresario.
La revancha aseguró- venía con un cambio de sede de trabajo: de su ciudad natal y donde ha trabajado los últimos 11 años hacia el estado de Veracruz (sureste), casi 2000 kilómetros de distancia.
Herrera dio el grito en los medios. En un inusual comportamiento de un procurador de justicia de menor nivel, ventiló su pena entre la prensa.
“No es justo que por hacer bien mi trabajo esté a punto de perderlo”, dijo ante sus dos opciones: ir a Veracruz o renunciar.
En medio del escándalo, ayer la PGR reculó en el movimiento y ratificó a la mujer en su añeja plaza laboral.
“Una vez enterado de su caso se dejó sin efectos el movimiento”, escribió el subcontrolador de control regional José Cuitláhuac Salinas para anunciar su triunfo como un precedente de insubordinación a un corrompido sistema judicial.
Días antes, el delegado regional de la PGR, César Augusto Peniche, había rechazado las acusaciones.
Argumentó que los cambios eran “normales”, que los agentes eran sujetos de movilización de plaza y que la mujer ni siquiera había llevado las averiguaciones del caso de los policías consignados.
Sin embargo, las presiones mediáticas subieron de tono.
La víctima narró de manera anónima en el noticiero radiofónico nacional MVS que era la segunda vez que los uniformados se ensañaban con él.
La semana pasada, para quitarle 50,000 después redujeron el monto a 30,000 – metieron su cabeza en una bolsa de plástico y lo dejaron intermitentemente sin poder respirar.
“Me dejaron hasta que prometí entregarles el dinero al día siguiente”, dijo.
Al llegar el plazo, los 10 policías federales fueron capturados y tras la integración y análisis del expediente, un juez les dictó auto de formal prisión por los presuntos delitos de extorsión, lesiones, abuso de autoridad, contra la salud, secuestro y Violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
Más de 4,000 agentes de la Policía Federal (PF) fueron enviados desde marzo de 2010 a Ciudad Juárez para frenar la inseguridad; sin embargo, han sido señalados por múltiples abusos.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) documentó que de enero a agosto de este año, los ciudadanos acusaron en 58 ocasiones a los agentes de diversos abusos que sumaron 133 violaciones específicas:
Tratos crueles inhumanos o degradantes, detenciones arbitrarias, uso indebido del servicio público, faltas a la legalidad, honradez y lealtad, cateos indebidos, tortura, asesinatos, desapariciones forzadas y retención ilegal.
