Veracruz y Guerrero en peligro constante
Sus habitantes se hallan en medio de fuego cruzado por la actividad de los carteles
MÉXICO, D.F.- El gobierno federal intenta controlar la seguridad de los estados de Veracruz y Guerrero, claves en la geografía económica del país, en medio de sangrientas ejecuciones que suman en pocos días 67 muertos en el primero y una crisis social que volcó al magisterio a las calles en el segundo.
El descontrol de las autoridades locales se cobró ayer la primera víctima política con la renuncia del procurador veracruzano Reynaldo Escobar, en tanto la Secretaría de la Marina Armada de México presentó a 20 delincuentes involucrados en los asesinatos.
“Se agradece la colaboración”, dijo la vocera del gobierno de Veracruz, Gina Domínguez, sobre la “renuncia” del fiscal, a la par que los marinos explicaron la detención de ocho presuntos integrantes del cartel Jalisco Nueva Generación, autodenominados “Matazetas”, y a 12 probables integrantes de “Los Zetas”.
Los carteles del Golfo, La Familia Michoacana y Sinaloa se aliaron desde 2010 contra Los Zetas, según informes del gobierno estadounidense.
Este último grupo, cuyos orígenes se remontan a por lo menos una década atrás, han usado tácticas militares -sus fundadores fueron grupos de entrenamiento especial del ejército mexicano- para exterminar a sus enemigos.
“Es lamentable la violencia en Veracruz. Sin embargo, Marina dio gran golpe con la captura”, dijo el presidente Felipe Calderón a través de su cuenta de la red social Twitter.
El jueves por la noche, los marinos informaron sobre el hallazgo de tres casas de operación de delincuentes ubicadas en la región del puerto veracruzano y la lujosa zona de Boca del Río.
En los fraccionamientos Costa Verde encontraron 11 cadáveres; en Jardines de Virginia 20 y en Costa de Oro uno más, que se unió a cuatro restos localizados en el ejido El Coyol.
También aseguraron tres vehículos, cinco armas largas, seis armas cortas, 48 cargadores y 1,707 cartuchos de diferentes calibres, equipos de comunicación y de cómputo, entre otros efectos.
El 21de septiembre, 17 días antes, 35 cadáveres fueron arrojados en las calles de Boca del Río apenas horas antes de una reunión de procuradoresde justicia que se desarrolló en la localidad.
Hasta entonces las autoridades locales aceptaron la presencia de fuerzas federales.
La Operación Veracruz Seguro, anunciada esta semana, patrulla carreteras, costas, mares y colonias contra el narcotráfico, venta de droga al menudeo, secuestro y extorsiones, delitos en los que han estado involucrados agentes locales desde al menos 2006.
“El estado ha tenido un gobierno débil y cómplice”, acusó en conferencia radiofónica el ex candidato a la gubernatura por el oficialista Partido Acción Nacional (PAN) Miguel Ángel Yunes.
Veracruz es un bastión político del Partido Revolucionario Institucional (PRI) con 5.2 millones de votantes que postergó la intervención federal, aun cuando su vecino Tamaulipas recibió desde 2010 a 4,000 militares y policías federales para neutralizar a Los Zetas y sus rivales del cartel del Golfo.
Una situación política similar vivió el sureño estado de Guerrero.
Con una añeja presencia de los carteles de Sinaloa, Beltrán Leyva, Familia Michoacana y Zetas no fue sino hasta esta semana cuando el gobernador, Ángel Aguirre, del izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD), aceptó a las fuerzas federales con el Operativo Guerrero Seguro.
“No es una situación desesperada”, dijo Aguirre frente a la problemática social que dejó a 60,000 niños sin clases: los profesores protestaron con brazos caídos ante las múltiples extorsiones de bandas del crimen organizado.
En 2010, el estado sumó 540 ejecuciones relacionadas con el narcotráfico; en los últimos cuatro días la prensa local contabilizó 35.
En días recientes la desestabilización política del estado se agudizó con el asesinato del diputado federal Moisés Villanueva, quien según las autoridades fue planeado por un alcalde de la región de la montaña: el tlalpense Willie Reyes.
El Operativo Guerrero Seguro arrancó el 7 de octubre con 2,000 militares y federales en el puerto de Acapulco, la región de Tierra Caliente, Costa Chica y Costa Grande, en el Pacífico, para patrullajes, operativos en escuelas, carreteras, bares, discotecas y casinos.
No obstante la urgencia, los guerrerenses desconfían de las fuerzas del orden que en los años 70 del siglo pasado realizaron operaciones extrajudiciales conocidas como La Guerra Sucia.
“Solo esperamos que hagan su tarea y se vayan”, dijo Daniel Cruz, del Colectivo por la Justicia Social de Guerrero. “El resto del trabajo es contra la corrupción y la pobreza y para eso no hace falta tanta policía en las calles sino voluntad política”.
