Corte ve caso de agencias de reurbanización
SACRAMENTO, California
. La Corte Suprema de California considerará un caso con importantes implicaciones que determinará si el gobernador Jerry Brown y los legisladores estatales tienen derecho a eliminar las agencias de reurbanización usadas para las obras de construcción locales o si se están extralimitando y tomando en forma indebida dinero de los gobiernos locales.
En este caso está un juego una buena porción de la recaudación impositiva que los legisladores quieren trasladar de las agencias a las escuelas y demás programas locales que sufrieron recortes presupuestarios debido al impacto de la recesión en las finanzas del estado.
Hoy el tribunal máximo del estado oirá los argumentos sobre si el estado tiene o no autoridad para disolver a las agencias y establecer nuevos requisitos para las ciudades que deseen mantener sus agencias.
La demanda judicial cuestiona si el estado tiene o no autoridad para eliminar a unas 400 agencias de reurbanización que se han convertido en una importante fuente de ingresos para los gobiernos locales que buscan revitalizar y mejorar las comunidades.
El estado cuenta con los 1.7 mil millones de dólares de las agencias en su presupuesto de este año y con 400 millones de dólares anuales en los años subsiguientes.
“Si el tribunal opta por tomar un camino específico, entonces deberemos resolver cómo llenar ese vacío, y es un vacío gigantesco”, señaló el congresista Bob Blumenfield, demócrata de Los Ángeles, presidente del Comité del Presupuesto de la Asamblea Legislativa.
Las ciudades y la asociación de agencias de reurbanización de todo el estado entablaron la demanda judicial en julio, poco después de que Brown aprobara y firmara el presupuesto. El gobernador y los defensores de la ley señalan que las agencias de reurbanización se han convertido en fondos de sobornos para los promotores privados, y desean que la recaudación impositiva generada por las nuevas urbanizaciones se revierta de las agencias a las escuelas locales, las fuerzas del orden público y otros servicios.
Los defensores de la reurbanización señalan que Brown y la Asamblea Legislativa ignoraron la voluntad de los votantes al aprobar una ley que esquiva la Propuesta 22, una medida aprobada en noviembre de 2010 con el 61% de los votos. Esta ley le prohíbe al estado retener fondos del transporte, la reurbanización y otros tipos de financiación del gobierno local.
Los defensores afirmaron que el tribunal estaba dispuesto a emitir una suspensión hasta que se pudiera llegar a un acuerdo en el asunto, antes de la fecha límite del 15 de enero.
