México reconoce responsabilidad
Familia de desaparecido se niega a participar en ceremonia
MÉXICO, D.F.- El gobierno mexicano reconoció ayer la responsabilidad por la desaparición en 1974 del activista Rosendo Radilla Pacheco, en Atoyac de Álvarez, Guerrero (sur) tras una larga disputa en tribunales internacionales que culminó en una sentencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos que culpó al Ejército de los hechos.
“Este evento entraña una toma de conciencia social”, dijo el gobernador guerrerense Ángel Aguirre ante la canciller Patricia Espinosa; el encargado de la oficina de Gobernación, Juan Marcos Gutiérrez, y en ausencia de la familia Radilla, que se negó a asistir a la ceremonia en Atoyac.
“Hay una falta de sensibilidad del gobierno mexicano”, declaró Rosendo Radilla hijo, en entrevista radiofónica.
Los Radilla habían sido invitados al evento que originalmente había sido agendado para el lunes 14 de noviembre, pero que fue cancelado de manera unilateral por la Segob, antes de la muerte de Francisco Blake Mora, el viernes pasado.
La decisión que fue tomada como una falta de respeto, pero la historia de inconformidades y resentimientos de los ofendidos viene desde 37 años atrás cuando el profesor Rosendo Radilla fue privado de su libertad por soldados.
Según testimonios, los militares dijeron que había sido detenido por escribir canciones a favor del guerrillero Lucio Cabañas, en la época conocida como la “Guerra Sucia”, cuando desaparecieron en el país 1,200 personas: 450 en Guerrero; 300 de ellas en Atoyac.
Todavía en años recientes continúan las desapariciones en el estado en el marco de la lucha contra el crimen organizado. El Comité de Amigos y Familiares de Desaparecidos han documentado 300.
“No es suficiente que pidan perdón por un solo caso: el Estado Mexicano sigue sin comprometerse de manera real y eficaz para frenar las desapariciones”, dijo Javier Monroy, del Comité. “Sin embargo nos parece significativos los logros de la familia Radilla.
Durante años, los Radilla buscaron justicia en México, pero se toparon con la pared de la impunidad.
El caso fue documentado por la Comisión de Derechos Humanos que emitió una recomendación en 2001; la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado tomó el caso pero al desaparecer en 2006 se rezagó.
Paralelamente presentaron en 2001 una queja ante la Corte Interamericana que emitió una sentencia contra el gobierno por graves violaciones a los derechos fundamentales de justicia.
Al respecto, la canciller Patricia Espinosa dijo que el reconocimiento reafirma “el indeclinable compromiso del Gobierno del Presidente Felipe Calderón con la promoción y la protección de los derechos humanos”.
