El derecho a la información
Las autoridades tiene un deber y compromiso de transparencia. Los contribuyentes que abonan los salarios de los funcionarios públicos y los ciudadanos que los eligen tienen el derecho por ley a obtener información, en este caso, de la oficina del Sheriff de Los Ángeles.
Por eso es lamentable e indignante que el Sheriff Lee Baca se halla opuesto a entregar información sobre la colaboración de su agencia con la Agencia de Control de Inmigración y Aduanas en el programa de Comunidades Seguras.
Varias organizaciones defensoras de los inmigrantes solicitaron a la agencia policial información a través de la Ley de Documentos Públicos de California (California Public Records Act ) obteniendo solo negativos lo que les obligó a recurrir a los tribunales. El martes pasado la Corte Superior de Los Ángeles falló en contra del Sheriff diciendo la información solicitada no está exceptuado de la ley.
Esperamos que el juez ordene la entrega de información para dar más luz a un proceso turbio desde el primer momento como es el programa de Comunidades Seguras.
El Sheriff Baca es un entusiasta de este programa que ha deportado más gente trabajadora que no representa peligro en vez de los delincuentes que por definición dice perseguir.
Tan solo por este motivo, además de que Los Ángeles es una de las ciudades de donde más gente se ha deportado bajo este programa, es justo proveer la información solicitada por la Coalición de Derechos Humanos de Los Ángeles, la Red Nacional de Jornaleros y el Centro Nacional de Leyes Migratorias.
La Oficina del Sheriff solo gana más desprestigio y desconfianza -la cual va perdiendo rápidamente ante escándalos como la violencia en la prisión- escondiéndose del escrutinio público.
