Sheriff Arpaio dice que no renunciará

Gobierno lo acusa de violar derechos civiles y discriminar contra latinos; cancela acceso a Comunidades Seguras

Sheriff Arpaio dice que no renunciará
Un desafiante Joe Arpaio ha insistido que el gobierno federal está en 'cacería de brujas' contra su departamento tras acusaciones de acción policial inconstitucional.
Foto: Archivo / La Opinión

Un desafiante Sheriff Joe Arpaio rechazó ayer los llamados por su renuncia, indicó que seguiría “aplicando todas las leyes” en el Condado de Maricopa, Arizona, y acusó a la Casa Blanca de orquestar una cacería de brujas políticamente motivada en su contra, luego de que el Departamento de Justicia acusara a su departamento de prácticas inconstitucionales.

“Quiero decir al pueblo de Arizona que es un día triste en el que el gobierno federal actúa contra nuestro departamento”, dijo Arpaio. “Estamos orgullosos del trabajo que hemos hecho en la lucha contra la inmigración ilegal”, agregó.

Horas antes, la Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Justicia Federal había acusado al Departamento del Sheriff del Condado de Maricopa (MCSO), Arizona, de llevar a cabo uno de los peores patrones de discriminación y acción racial contra la comunidad latina jamás registrados en los Estados Unidos, entre otras alegaciones. El subsecretario de Derechos Civiles, Tom Pérez, dijo que la investigación de más de tres años halló un “patrón o práctica de acción policial inconstitucional” de parte de MCSO.

Posteriormente al anuncio del DOJ, la Secretaria de Seguridad Nacional, Janet Napolitano, anunció que cancelaba de inmediato el contrato con MCSO del llamado programa 287 g, y que el acceso del departamento dirigido por Arpaio al programa Comunidades Seguras quedaba “restringido”.

“La discriminación socava la aplicación de la ley y erosiona la confianza pública. No seremos partícipes de esas practicas”, dijo Napolitano en un comunicado.

Pérez, indicó por su parte, que uno de los expertos más importantes del país en “perfil racial” analizó los patrones de detención del MCSO y halló “el caso más grave que ha observado en su trabajo o incluso revisado en documentación en la historia del país”.

Por la tarde, horas después de que el reporte del DOJ se hiciera público, Arpaio convocó a los medios y se hizo acompañar de asesores y abogados, pero tanto unos como otros utilizaron la aparición para argumentar que se trataba de una “cacería de brujas” y una investigación “que encontró lo que quería encontrar”.

Arpaio atacó al presidente Barack Obama diciendo que la investigación “se lanzó 100 días después de que él tomó posesión”, y fustigó su política de “revisar 300,000 casos y darles amnistía”.

En principio, el Departamento de Justicia está dando a MCSO un período de 60 días para iniciar un plan de “cumplimiento voluntario” de la ley, y si no hay respuesta presentará una demanda civil contra el departamento para que un tribunal conmine las reformas.

Se trata de un caso civil, Pérez indicó que hay una investigación criminal, pero que ésta continúa, y se negó a ofrecer detalles.

Según el reporte, los conductores latinos en el Condado de Maricopa eran detenidos en proporción de 4 a 9 veces más que otros conductores en situaciones similares, halló la investigación.

Los investigadores federales también están acusando a MCSO de un patrón de represalias contra ciudadanos que se quejaron de las tácticas de los agentes del departamento, incluyendo la “detención y encarcelamiento de personas sin razón alguna”.

La investigación reveló además que MCSO opera sus cárceles en abierta discriminación contra los detenidos de habla hispana o de inglés limitado, y que éstos a menudo son castigados sólo por no entender las órdenes que reciben en inglés, aparte de negárseles servicios esenciales que se proporcionan a otros detenidos.

“Estamos hablando aquí de casos reales que afectan a personas reales”, dijo Pérez. “No son casos aislados, las prácticas discriminatorias están profundamente enraizadas en la cultura del departamento, donde hay un desprecio sistémico por la constitución y sus protecciones”.

El problema estriba, en parte, en que el departamento no aplica “reglamentos uniformes, entrenamiento, supervisión ni un sistema disciplinario adecuados”.

Los agentes federales también observaron otras “áreas de gran preocupación”, pero cuya investigación no ha concluido y que continuará: uso de fuerza excesiva, prácticas que limitan la efectividad del servicio policial a las comunidades latinas y la no investigación de asaltos sexuales.

“Este departamento está roto en muchos aspectos cruciales”, dijo Pérez.

El subsecretario se negó a contestar directamente si él pensaba que Joe Arpaio, quien es un funcionario electo, debería renunciar, o si sería posible reformar el departamento mientras él estuviera en la dirección.

“Mi preferencia es que trabajemos en colaboración no sólo con MCSO, sino con la comunidad, para establecer un plan de reformas”, dijo Pérez, quien citó el caso de las reformas al Departamento de Policía de Los Ángeles en los años 90 como ejemplo.

Ya desde antes del anuncio y tras las revelaciones recientes de que su oficina no investigó cientos de casos de abuso sexual contra menores, al menos dos congresistas de Arizona y varios representantes locales, así como grupos defensores de los inmigrantes, de derechos civiles, y hasta un grupo de republicanos (Café con Leche Republicans), habían comenzado a pedir la renuncia del Sheriff de Maricopa County.

En Los Ángeles, el Presidente de la Asociación México Americana para la Defensa Legal y Educación (MALDEF), Tom Sáenz, dijo que por más desafiante que sea Arpaio, “será muy difícil, casi imposible, que pueda evadir un decreto de consentimiento aplicado por las cortes que ordene las reformas necesarias si es que no accede a hacerlas en forma voluntaria”.

En cuanto a los paralelos citados por Pérez respecto al LAPD, Sáenz indicó que “la razón por la cual las reformas funcionaron en Los Ángeles es por que había un compromiso en el liderazgo del departamento en cooperar con el gobierno federal”.

“No importa lo fuerte que sea el decreto de consentimiento, si no hay cooperación a altos niveles, es muy difícil cambiar la cultura de una agencia policial.Creo que para reformar el MCSO se va a requerir un cambio muy serio en la actitud del Sheriff, o un cambio de Sheriff”, dijo Sáenz.

Agregó que esto también ilustra lo “equivocado” de la Ley de Arizona SB 1070 y de otras leyes como ésta en otros estados, “que fueron modeladas en las actividades de este individuo”