Aplazan decisión sobre ley SB20

Juez emitirá un veredicto antes del día 1 de enero, despué s de haber escuchado argumentos en pro y en contra de la legislación

Aplazan decisión  sobre ley  SB20
Amy Pedersen, abogada de MALDEF, habla a la salida de la corte federal de Charleston, donde un juez decidió aplazar su veredicto ayer.
Foto: EFE

CHARLESTON, Carolina del Sur (EFE).— Un juez federal en Carolina del Sur decidió ayer que emitirá un veredicto sobre la ley SB20 antes del 1 de enero después de escuchar los argumentos del gobierno estatal, federal, y organizaciones de derechos civiles.

Durante tres horas, el magistrado de distrito, Richard Gergel, en una corte de Charleston, al sur del estado, realizó preguntas a las partes involucradas que defendían y se oponían a esta legislación que ha sido comparada con la SB1070 de Arizona y la HB56 de Alabama.

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y otras organizaciones comunitarias, religiosas y el Departamento de Justicia de EEUU, presentaron el pasado mes de octubre sendas demandas por separado para detener la medida.

Consideran que es “discriminatoria, inconstitucional, que interfiere con el gobierno federal, e incita el perfil racial”.

La gobernadora Nikki Haley firmó el pasado 27 de junio la SB20, que permite a los agentes locales cuestionar el estado migratorio de una persona detenida por otra infracción si existe “sospecha” de que es un indocumentado.

Dispone la creación de una Unidad de Cumplimiento de las Leyes de Inmigración, una suerte de policía de inmigración local con 12 agentes, la única a nivel nacional.

Asimismo, convierte en delito mayor con penas de hasta 25 mil dólares o cinco años de prisión la producción de documentos falsos y el no portar consigo una identificación estatal como licencia de conducir o documento migratorio.

También penaliza a las personas que asistan o alberguen a los sin papeles como las iglesias y organizaciones comunitarias.

El gobierno de Carolina del Sur argumenta que los federales no han hecho lo suficiente para controlar la inmigración irregular y por lo tanto ellos deben actuar.

Por su parte, la Administración del presidente Barack Obama refuta que el tema migratorio es un asunto que sólo compete a Washington.

El fiscal estatal, Alan Wilson, solicitó la semana pasada al mismo juez que dejara que se aplicara la ley hasta que la Corte Suprema se pronunciara con respecto a la de Arizona.

Gergel negó ayer la petición y expresó que “el problema aquí es saber si ellos (estado) pueden suplantar el papel del gobierno y tener a todo un país sufriendo las consecuencias”.

Cerca de 200 personas se concentraron en horas de la mañana en un parque cercano a la corte federal en el centro de Charleston de donde salieron para realizar una marcha pacífica solicitando a Gergel que detenga la SB20, que debería entrar en vigor el 1 de enero de 2012.

“El pueblo unido jamás será vencido”, la “SB20 tiene que eliminarse”, y el habitual “Sí se puede”, se dejaron escuchar de padres y madres de familia que con sus hijos participaron de la actividad organizada por grupos proinmigrantes.

Varios líderes religiosos de cuatro denominaciones también se presentaron en la corte federal para realizar una oración antes del inicio de la audiencia.

Andre Segura, abogado de ACLU, dijo ayer sentirse “optimista” con el juez, porque “consideró muy en serio los argumentos presentados, comprendía muy bien la ley, y había estudiado mucho sus problemas”.

Por su parte, Eric Esquivel, uno de los demandantes, declaró que considera que el juez parará la ley pero que la comunidad hispana debe educarse más sobre lo que está pasando con la querella pero “sin miedo”.

“La justicia va a llegar para todos y vamos a tener un mejor país”, afirmó Esquivel.

Varias vigilias y manifestaciones se realizaron en varias ciudades del estado el domingo para orar por las familias separadas y para que el juez se inclinase a favor de los indocumentados.

El juez Gergel tiene la potestad de suspender definitivamente la aplicación de la SB20, aceptar los argumentos del gobierno estatal y dejar que se implemente la ley, o suspender temporalmente sus partes más polémica hasta que la Corte Suprema se pronuncie.

Cerca de 55 mil indocumentados viven en Carolina del Sur.