Estudiantes de Guerrero radicalizan sus protestas

Toman las principales estaciones de radio y TV en el estado

Un grupo de alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, México, exige desde una cabina de radio el esclarecimiento del asesinato de dos de sus compañeros durante un desalojo el 12 de diciembre.
Un grupo de alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, México, exige desde una cabina de radio el esclarecimiento del asesinato de dos de sus compañeros durante un desalojo el 12 de diciembre.
Foto: Notimex

MÉXICO, D.F.— Estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, Guerrero (sur), radicalizaron sus protestas por la muerte de dos de sus compañeros durante enfrentamientos con la policía el pasado 12 de diciembre y tomaron ayer el control de las principales estaciones de radio y televisión en el estado.

“Nosotros hemos respetado el periodo vacacional decembrino, hemos podido salir a tomar la autopista y otras vías de comunicación. Sin embargo decidimos ser respetuosos de la tranquilidad de los visitantes”, expresaron previamente en una conferencia de prensa donde anunciaron nuevas acciones.

En los próximos días se movilizarán al Distrito Federal para exigir al presidente Felipe Calderón su intervención porque la Procuraduría General de la República (PGR) dejó en manos de las autoridades locales la investigación de los hechos.

Con tal decisión la Procuraduría de Justicia del Estado de Guerrero se convierte en juez y parte de la averiguación: el titular de la oficina depende directamente del gobernador.

Debido a los asesinatos, Aguirre anunció la destitución del procurador estatal, Alberto López Rosas, junto conel secretario de Seguridad Pública, Ramón Almonte, y del subsecretario de seguridad, Ramón Arreola.

Días después nombró como subprocurador jurídico de atención a víctimas del delito a César de los Santos Mendoza, que era el segundo de López Rosas. Este último admitió haber alterado el escenario del crimen el 12 de noviembre cuando se intentó inculpar a un estudiante acusado de portar un arma AK47 aparentemente forzado por los policías.

La toma de la estatal Televisión de Guerrero y las privadas ABC Radio, La K Buena, W Radio y Súper 94 fueron fotografiadas por medios locales.

Varios muchachos encapuchados con improvisadas máscaras de tela controlaron durante 45 minutos las comunicaciones en Chilpancingo, la capital del estado.

“No cesaremos las acciones hasta el esclarecimiento de la muerte de nuestros compañeros”, expresaron al aire.

En el tiempo de intervención insistieron también en lo que consideran “el origen del problema”, por lo que murieron sus compañeros: una beca digna para alimentación en la normal rural Raúl Isidro Burgos, ya que actualmente el gobierno estatal otorga alrededor de cuatro dólares diarios para desayuno, almuerzo y cena.

La Procuraduría General de Justicia de Guerrero había anunciado durante la mañana de ayer que tenía identificados a los responsables del incendio en la gasolinería que derivó en la muerte del empleado Gonzalo Rivas, quien resultó con quemaduras de tercer grado, pero no dio nombres.

Algunos de los testimonios recopilados durante los violentos enfrentamientos en la carretera que une a la Ciudad de México y el puerto de Acapulco señalaron a los normalistas como los autores indirectos del incendio.

Aquella tarde, algunos de ellos extraían combustible de los tanques cuando comenzaron los disparos de la policía ministerial del estado y las fuerzas federales, pero aún no se determina quién prendió el fuego.

Los estudiantes solicitan la destitución del gobernador del estado, Ángel Aguirre, a quien consideran el autor intelectual de la trifulca que acabó con la vida de Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) acusó recientemente al gobierno de Guerrero y al municipio de Chilpancingo de no resguardar con eficiencia las pruebas, evidencia e indicios necesarios para esclarecer y deslindar responsabilidades.

También ha limitado el acceso a las averiguaciones previas y a las constancias que las integran tales como videos o grabaciones que se tuvieran.

Entre la cantidad de acusaciones contra el gobernador, estudiantes y periodistas señalaron al subsecretario de Gobierno, Víctor Aguirre Alcaide, de intentar sobornarlos con el equivalente en pesos de unos 8,200 dólares a cambio de que cesen las denuncias.

Aguirre rechazó las acusaciones así como haber ordenado disparar contra los estudiantes. Prometió justicia.