Medida evitaría separación migratoria

WASHINGTON, D.C.- Jesús Navarro está en México hace más de un mes. No puede regresar a Estados Unidos, aunque está casado con una ciudadana. “Salí confiado, pero cuando llegué a la oficina consular me dijeron que tenía un castigo de 10 años y no podía volver”.

“Ahora no sé qué hacer. Ha sido muy difícil. Mi esposa e hija están allá. El gobierno no se pone una mano en el corazón. Nadie me orientó cuando me dieron la noticia, nadie me ayudó con mis opciones”, cuenta a La Opinión.

La única alternativa que tiene Navarro es postular a una exención (waiver) que lo libere de la prohibición de retornar al país.

Cuando las personas han vivido en Estados Unidos por más 180 días y menos de 365, entonces la sanción de reingreso es de tres años. Si se quedó por más de un año, esta se extiende durante una década.

Hasta ahora, el único camino disponible era postular al waiver fuera de Estados Unidos; sin embargo, el gobierno anunciará hoy una propuesta con nuevas regulaciones, que permitirán solicitar, sin moverse del país, y una vez que se obtenga un certificado provisional del caso, el individuo deberá viajar para recoger sus papeles.

“Esto aliviará la separación prolongada que deben enfrentar las personas que entran en este proceso”, dijo un funcionario del gobierno.

Actualmente para que el sistema funcione, el indocumentado debe viajar; programar una entrevista con un oficial consular del Departamento de Estado (DOS); recibir una notificación formal de su prohibición de volver a Estados Unidos; aplicar al waiver; conseguir una entrevista con un oficial del Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS); esperar la respuesta y, si el resultado es positivo, tener otra reunión con personal de DOS. De acuerdo con funcionarios del gobierno, este proceso puede durar, por lo menos, seis meses.

“Cuando se adjudican las exenciones, puedes conseguir resultados muy diferentes. Porque los consulados no reportan a nadie, están bajo DOS. No tienes uniformidad. Ahora que este proceso estará bajo el control de USCIS, creo que implicará una mayor consistencia”, explicó Angela Kelley, vicepresidenta para política migratoria del Centro para el Progreso Americano.

Aunque los cambios administrativos demoran un periodo considerable, funcionarios de gobierno enfatizaron que esperan procesar casos con base en las nuevas regulaciones “este año fiscal”.

Según cifras de USCIS, en 2011 se recibieron 23,000 solicitudes para la exención. La tasa de aprobación se situó entre el 70% y 80%.

Uno de los elementos que no serán modificados es el requerimiento principal para obtener la exención: demostrar que la ausencia de la persona indocumentada expone a una situación de “dureza extrema” al ciudadano que lo está pidiendo.

USCIS tiene una lista de documentos que se deben presentar para probar esto, como por ejemplo el impacto financiero, pero no existe una definición concreta de este concepto, ni una directriz clara de cómo aplicarlo.

“Están haciendo esto con pasos pequeños. Estoy decepcionada de que no hayan modificado este estándar, pero creo que igual veremos cambios en cómo es aplicado”, comentó Kelley.

Consultados por La Opinión, funcionarios del gobierno indicaron que si la exención es denegada, la persona no será puesta en proceso de deportación si su caso no corresponde con las prioridades de inmigración. Es decir, si no ha cometido delitos y tiene lazos fuertes con el país.

Organizaciones pro inmigrantes esperan que todavía exista lugar para cambios en las regulaciones. “Este es un paso inmenso para mantener a las familias unidas. Pero necesitamos más. Presionaremos porque este beneficio también se extienda a residentes legales”, aseguró Ali Noorani, director ejecutivo del Foro Nacional de Inmigración.

Esta decisión del gobierno, se suma a modificaciones importantes en el campo migratorio realizadas el año pasado, que incluyen tanto las nuevas guías para la aplicación de discreción procesal, como la revisión de más de 300 mil casos pendientes de deportaciones. Al otro lado de la balanza, sin embargo, están las cifras récord de deportados, con 397 mil solo en 2011.