Comunidades Seguras obligatorio en 2013

A pesar de que autoridades locales lo rechazan por considerarlo una barrera para la aplicación de la ley, la Oficina de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) insiste en eliminar las opciones para salir del programa Comunidades Seguras y mantener su carácter obligatorio.

En vigor desde 2008, la iniciativa ha sido blanco de críticas por no cumplir con su objetivo de deportar a más criminales peligrosos que a indocumentados que no cometieron faltas graves. La ciudad de Los Ángeles y los estados de Nueva York, Illinois y Massachusetts, entre otras localidades, han intentado sin éxito suspender su participación del mismo.

Al parecer el gobierno federal quiere poner fin a la controversia reiterando que en poco tiempo no habrá manera de evitar que la información de un detenido, luego de ser verificada por la Agencia Federal de Investigaciones (FBI), sea compartida con ICE.

Inicialmente, sin embargo, había dicho que los funcionarios locales sí lo podían hacer.

“Las opciones disponibles para las agencias del orden que hasta ahora han decidido rechazar o limitar su participación en el actual proceso de compartir información serán simplificadas y algunos aspectos eliminados. De esta manera, el proceso, en esencia, se convierte en ‘obligatorio’ en 2013”, expone un asesor legal de ICE en un memorando revelado recientemente por la prensa.

Virginia Kice, vocera del Departamento de Seguridad Interna (DHS), defendió que el programa se ha convertido en la herramienta más eficaz para expulsar del país a criminales indocumentados.

El memorando, precisó la portavoz, no cambia la postura sobre el carácter obligatorio de Comunidades Seguras. Cada vez que las agencias del orden someten voluntariamente las huellas dactilares de una persona, “no se puede dictar cómo se comparte la información para proteger la seguridad pública”, dijo.

La Red Nacional de Jornaleros lo interpreta como una oportunidad para que las agencias del orden del país, particularmente el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD), consideren implementar la propuesta de liberar a un indocumentado antes de ser puesto bajo custodia de ICE.

“En última instancia los policías deciden si una persona sigue detenida mientras llegan los agentes de migración”, comentó su dirigente Pablo Alvarado.

Desde hace un año el grupo sostiene conversaciones con altos mandos del LAPD y con supervisores del condado, en un esfuerzo por cambiar el respaldo que ha brindado al programa el jefe del Departamento del Sheriff (LASD), Lee Baca, argumentando un descenso de la población carcelaria.

Su esfuerzo ha sido apoyado por el alcalde Antonio Villaraigosa, quien hace unos días envió una carta al gobernador Jerry Brown exhortándolo a suspender la participación de California en el programa, que, en su opinión, afecta la cooperación ciudadana con las agencias del orden.

“En un descarado contraste con su nombre, ‘Comunidades Seguras’ es de hecho percibido por muchos angelinos y californianos como un elevado detrimento para la misión principal de la seguridad pública del Departamento de Policía de Los Ángeles [LAPD] y otras agencias locales del orden”, dijo el alcalde el mes pasado.

Al involucrar al LAPD en funciones migratorias, añadió el alcalde, los indocumentados temen acercarse a la Policía para reportar un delito. En suma, se permite que más crímenes queden impunes y que más delincuentes anden libres.

El liderazgo del LAPD califica al programa de “costoso para la confianza de la gente” y reclama que se contrapone a la Orden Especial 40, que impide a un agente detener a una persona para investigar su estatus migratorio.

Aunque las autoridades migratorias se comprometieron en ejercer más “discreción” con individuos que enfrentan deportaciones de “baja prioridad”, ello no ha sucedido. De 2009 a 2011 expulsó del país a cerca de 6,000 personas sin estatus migratorio que vivían en Los Ángeles (casi el 50% del total de casos) y que solo cometieron faltas menores.