$19 millones al erario por autos decomisados

Ingresos obtenidos por Alcaldía en 2011 son los segundos más altos en 10 años
$19 millones al erario por autos decomisados
Aunque se incautaron menos vehículos, las tarifas relacionadas con el proceso de liberación de los autos aumentó 300% desde 2002.
Foto: Archivo

Aún sin decomisar coches a indocumentados en retenes de sobriedad y sin la participación tan activa de la Policía, el Ayuntamiento de Los Ángeles obtuvo un ingreso de casi 19 millones de dólares por la incautación de autos en 2011, el segundo más alto de los últimos diez años.

Documentos oficiales obtenidos por La Opinión indican que el año pasado 125,653 vehículos fueron confiscados en esta ciudad por policías y agentes de tránsito, 10% menos que en 2010, el periodo en que ha recibido más recursos por dicha actividad desde 2002.

El descenso coincide con un cambio de norma que, desde marzo pasado, permite que una persona sin licencia detenida en un retén de alcoholemia, permite pedir ayuda al dueño registrado del automóvil. La Policía reportaba en agosto una caída del 80% en la cantidad de unidades remitidas a los corralones.

Sin embargo, entre el año pasado y la etapa previa a la modificación del protocolo la diferencia es de apenas dos millones de dólares.

La respuesta es simple: en ese lapso subió de 100 a 115 dólares la tarifa de liberación de los depósitos, por lo cual recibió 10.6 millones de dólares, 300% más que en 2002. Esto significó casi la mitad de los 18.7 millones de dólares que entraron a sus arcas por decomisos.

“Se sigue viviendo del pobre”, expresó el padre Margarito Martínez, cuyo apostolado se ha centrado en la defensa de los conductores sin licencia afectados por las incautaciones.”La ciudad no los ve como personas, sino como algo que les genera ingresos”, recalcó el sacerdote.

Las cifras enviadas por la Comisión de Policía de Los Ángeles a este periódico no precisan qué porcentaje provino de los 1,500 dólares que los indocumentados pagaron por una extensa lista de cobros: 114 dólares por remolque, 35.5 dólares por almacenamiento por día (el plazo mínimo es de 30), entre otros.

Tampoco se sabe cuánto ganaron las compañías de grúas que colaboran con el municipio.

La Liga Nacional de Abogados (NLG) lo engloba en tres palabras: “un negocio rentable”. Tanto, que no les ha pesado donar 305,000 dólares a distintas campañas políticas o gastar más de 880,000 en actividades de cabildeo contra leyes estatales que se oponen a sus intereses.

Ahora se han enfocado en derrotar la propuesta de no confiscar autos conducidos por indocumentados en las paradas de tráfico de la Policía y eliminar el plazo de retención en los depósitos. La asociación de Corralones Oficiales de la Policía argumenta que su única intención es prevenir fatalidades en las calles.

“El problema parece ser mayor y requiere de un Concejo de la ciudad, un alcalde y un jefe de la Policía que no le teman a los gritos [furiosos residentes de Northridge rechazaron la iniciativa en una reunión con la Comisión de Policía la semana pasada] y hagan lo correcto inmediatamente”, dijo Jorge Mario Cabrera, vocero de la Coalición Pro Derechos de los Inmigrantes de Los Ángeles (CHIRLA).

La Coalición de Inmigración del Sur de California (SCIC) ha pedido salir del debate al concejal Mitchell Englander, presidente del Comité de Seguridad Pública del Cabildo, donde está congelada la medida. El grupo insiste en que el edil tiene lazos con la firma que ahora cabildea a favor de las empresas de grúas.

“No tienen argumentos”, respondió Englander, quien subraya que el cambio de procedimiento pondría en peligro a los residentes de la ciudad. “Es un problema de seguridad pública”, recalcó.

Algunos líderes comunitarios han reclamado que, pese a las nuevas normas, la Policía de Los Ángeles ha hecho lo posible por mantener los decomisos, pero el reporte de la Comisión de Policía expone que, por el contrario, los agentes se han involucrado menos en las confiscaciones.

De 2005 a 2011, la cantidad de coches que remitieron a los depósitos bajó un 46%. El año pasado, éstos enviaron 63,456 automóviles, casi la misma cantidad que los oficiales de tránsito, cuyas peticiones de decomisos bajaron asimismo un 5% de 2010 a 2011.

A pesar de ello, el padre Martínez considera que continúa siendo una injusticia. “No es dinero que le sobra a la gente, tienen que modificar su modo de vida para pagar esa multa”, dijo el religioso.