Desestiman cargos en Bell
Dictamen favorece a dos exoficiales electos pero no a Rizzo o a Spaccia
Robert Rizzo (izq.) y Angela Spaccia en 2010. El exgerente y la exadministradora de Bell todavía enfrentan sus cargos. Crédito: AP
Una jueza desestimó algunos cargos por delitos graves contra un exalcalde y un exconcejal de la ciudad de Bell, azotada por el escándalo, a quienes se acusaba de apropiación indebida de fondos para pagarse a sí mismos sumas excesivas.
En un dictamen que se hizo público ayer, la jueza del Tribunal Superior Kathleen Kennedy desestimó un cargo de apropiación indebida de fondos públicos contra el exalcalde Oscar Hernández y dos cargos de apropiación indebida de fondos públicos contra el exconcejal Luis Artiga.
Kennedy, sin embargo, rechazó una moción para desestimar cargos contra el exgerente de la ciudad Robert Rizzo y la exadministradora Angela Spaccia.
Los fiscales aseguran que Rizzo tenía un salario anual y un paquete de remuneraciones por 1.5 millones de dólares y que ideó un plan para apropiarse de más de 6 millones de dólares de la ciudad de Bell.
Hernández y Artiga todavía se enfrentan a cargos de apropiación indebida de fondos en un caso aparte presentado por fiscales.
“Dado el razonamiento del tribunal en la decisión de hoy, confiamos en que fallará a nuestro favor en el juicio en el otro caso”, dijo Stanley Friedman, abogado de Hernández. “Si había algo ilegal en la ciudad de Bell, el alcalde Hernández no lo sabía”.
Kennedy dijo en su dictamen que Artiga y Hernández recibieron préstamos de Bell, y que no había evidencia de que ambos hombres sabían que se les estaba entregando el dinero de manera ilegal.
Rizzo “virtualmente administraba el programa de préstamos unilateralmente” y repartió más de 40 préstamos por casi 2 millones de dólares entre 2001 y 2010, escribió Kennedy en su dictamen del 9 de febrero.
Al rechazar la moción de desestimación de Rizzo y Spaccia, Kennedy dijo que ellos “simplemente establecieron sus propios términos financieros otorgándose enormes aumentos y otros beneficios complementarios”.
“Es un caso de libro de texto de conflicto de intereses”, dijo Kennedy.
Bell es una ciudad de unos 40,000 habitantes en la que una de cada seis personas vive en la pobreza.
