Los jueces también

La transparencia en las finanzas de los funcionarios públicos es vital para la confianza general. Creemos que en este sentido las normas que rigen para los electos a estos cargos políticos también deben incluir a los jueces.

Hace dos años, California adoptó normas nuevas exigiendo que se coloque en la Internet los formularios de las declaraciones de intereses económicos de los funcionarios electos, desde los que integran la Legislatura estatal hasta los concejos municipales. Esto se ha ido realizando progresivamente, ahora le toca el turno a los magistrados.

El problema es que la Asociación de Jueces de California se resiste a cumplir con esta norma argumentando que esa información sobre la situación financiera de los magistrados en la Internet pone en peligro a sus miembros, y sus familias, ya que deben lidiar en los tribunales con personas que pueden ser peligrosas.

Este argumento no se opone a que se obtenga esa información, ya que en la actualidad los 1,700 jueces del sistema ya la entregan por ley y la misma está disponible para cualquier persona del público que la solicite. En realidad quien quiera obtener esta información con malos fines ya la puede obtener si así lo desea hacer.

De esta manera, la oposición de los jueces no es revelar la información, que no contiene ni direcciones o teléfonos, sino a que esta esté de fácil acceso a todos y eso es inaceptable.

Creemos que la Comisión de Prácticas Políticas de California debe exigir a los jueces que cumplan con esta norma. La Comisión debió tomar la semana pasada esa decisión, pero la postergó hasta mayo ante la presión de los jueces. Esta no es una buena señal.

Es cierto que la mencionada norma expone a los funcionarios públicos, jueces incluidos, ante el público de una manera más abierta, pero esas son las reglas del juego. La transparencia financiera es fundamental en la función pública. Si alguien no quiere ajustarse a ella que abandone su cargo, pero que no pida trato especial en detrimento del público.