ONU cuestiona calidad de elecciones en México
Un informe patrocinado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) cuestiona la imparcialidad, eficiencia, profesionalismo, independencia e integridad de las elecciones en algunos estados del país donde influyen partidos políticos o gobernadores.
Priistas y panistas se reunieron ayer para polemizar sobre el supuesto incumplimiento de los compromisos de Enrique Peña Nieto. Crédito: EFE
MÉXICO, D.F.- Un informe patrocinado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) cuestiona la imparcialidad, eficiencia, profesionalismo, independencia e integridad de las elecciones en algunos estados del país donde influyen partidos políticos o gobernadores.
“Hay estados con un avance muy limitado en términos de normas que garanticen elecciones locales libres, limpias, justas y transparentes; otros con cambios acelerados y positivos, pero hay incluso casos de marcado retroceso, con normas discrecionales y control gubernamental de las elecciones”, concluyó el documento en el que participaron investigadores de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO).
El análisis señala marcadas preocupaciones sobre temas como el procedimiento, la organización de las elecciones y la impartición de la justicia electoral.
“Nos interesa porque hay un vínculo entre democracia y desarrollo humano a nivel local: si un municipio es mal administrado, tendrá menor desarrollo humano”, dijo Diego Antoni, en representación del PNUD, en el Seminario “La Calidad de las Elecciones a nivel subnacional en México, donde se discutió el informe.
Sin embargo aclaró que “la ONU sólo emite opiniones sobre su efectividad, no sobre el modelo de democracia”.
Entre los señalamientos del estudio destaca la injerencia “partidista” en la designación de los consejeros electorales: ninguna de las 32 entidades de la federación quedó evaluada como independiente y 15 de ellas fueron señaladas con un nivel “bajo”, lo cual implica que sólo órganos políticos están involucrados en el proceso de nominación.
“Hay ejemplos conocidos de patrocinio de consejeros electorales por ejecutivos locales como se han dado en Durango, Oaxaca, Puebla, Sinaloa y Veracruz – todos estos gobernados por el Partido Revolucionario Institucional (PRI)-“, precisaron los autores del informe, Irma Méndez, y Nicolás Loza.
Los estados con alta injerencia partidista son Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Colima, Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Quinana Roo, Tabasco y Tlaxcala.
La independencia de los consejeros en el resto de las entidades se clasificó como “media alta”, principalmente porque se ha incluido a miembros de la sociedad civil en el proceso de nominación de consejeros.
No obstante PNUD- Flacso subraya que “dicha consulta no garantiza la imparcialidad de los designados”, ya que los partidos son los que formalmente nominan a los candidatos, y el congreso toma la decisión final.
Los cuestionamientos a la democracia local alcanzaron también a los tribunales estatales electorales donde se presume la injerencia del ejecutivo o el legislativo para el nombramiento de los magistrados, situación que podría tener incentivos en sus fallos.
El papel de los magistrados independientes es básico para elecciones transparentes. El informe destaca que tres de cada cuatro estados con el mayor número de impugnaciones en el país están altamente partidizados.
De acuerdo con información oficial brindada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los resultados de 16 elecciones a gobernador fueron impugnados en las cortes electorales locales, y en algunos casos, llegaron al propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), como son los casos de Durango y Veracruz.
Además hubo presencia de actos violentos el día de la elección, con base en la información obtenida de periódicos locales y nacionales. Los estados que se encontraron en esta situación fueron Chihuahua, Durango, Oaxaca, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz. “Considero que el grado de partidismo actúa como la variable de control del índice de independencia”, destacó Loza.
El investigador destacó además la autonomía presupuestal como un instrumento clave para garantizar la independencia de los tribunales estatales:
“Si existe la posibilidad de castigar económicamente a la institución por haber emitido un fallo contrario a algún actor poderoso, se afecta de manera importante su futura neutralidad”.
