Concesión de visas humanitarias es cada vez más difícil en México

MÉXICO, D.F.- Desde que se aprobó la Ley de Migración (LM), la situación de los inmigrantes víctimas de delitos en México quedó en el aire e incluso retrocedió: la posibilidad de justicia se redujo en un 50% porque sólo se les otorga visa humanitaria a quienes son víctimas de “delitos graves”.

Defensoras de derechos humanos denunciaron que tal situación es parte del proyecto de reglamento de migración que no considera las palizas o el robo como situaciones para aspirar a un visado de este tipo.

Aunque la polémica normatividad aún no se publica (tiene un retraso de casi de seis meses), estados como Chiapas, Tabasco y Oaxaca utilizan este argumento para repatriar a los indocumentados centroamericanos.

“Anteriormente, el Instituto Nacional de Migración en la región de Tapachula autorizaba las visas humanitarias por cualquier crimen cuando había una acta de los hechos levantada ante el ministerio público, ahora solo es en caso de secuestros o violaciones sexuales o cuando interviene el crimen organizado”, lamenta el cura Heyman Vázquez, del albergue Hogar de la Misericordia.

Este refugio, ubicado en la comunidad de Arriaga, Chiapas, es uno de los primeros sitios de ayuda para “sin papeles” en México, cuando éstos se internan por la zona suroeste del estado desde Guatemala: un foco rojo de abusos contra migrantes, que principalmente son asaltados a mano armada.

“Incluso participan policías municipales: recientemente tuvimos el caso de una pareja de migrantes a quienes les robaron 1,600 pesos (unos 120 dólares), que era todo su dinero para cruzar México”, denuncia Vázquez.

“Hay miles de casos similares todos los días: por este albergue cruzan diariamente entre 100 y 150 centroamericanos y la mayoría son atacados”.

Algunos de los senadores que aprobaron la LM el año pasado están desconcertados. Yeidckol Polenwski, del Partido de la Revolución (PRD) consideró que se está “restringiendo” el trabajo de legislativo.La fracción II del artículo5 la LM establece la posibilidad de ingreso a territorio mexicano de personas por razones humanitarias. Una de estas razones consiste es que la persona sea “ofendido, víctima o testigo de algún delito cometido en territorio nacional”.

Sin embargo, el artículo 114 del proyecto de Reglamento establece que el delito debe ser “grave”. Esta norma restringe el derecho de las personas migrantes a acceder a la justicia en territorio nacional, derecho que no puede ser limitado por un reglamento.”Aunque aún no se publica este reglamento, las autoridades estatales lo utilizan para expulsar a los migrantes”, denunció el sacerdote Tomás González, del albergue “La 72” en Tenosique, Tabasco (sureste). “Aplican la ley a discreción”.

El sacerdote que opera el refugio desde abril pasado, recriminó que actualmente las visas humanitarias dependen “del humor que amanezcan” los funcionarios de migración.

Algunas veces, piden el acta del ministerio público; otras veces, no. Según testimonios del cura González, los agentes investigadores de las denuncias regularmente no consignan el expediente.

A contracorriente y tras múltiples denuncias ante la prensa, el año pasado, su intervención logró 80 visas humanitarias para indocumentados abusados con secuestros, extorsiones, violaciones y robos.

En este año, sólo se ha concedido a una persona que fue plagiada. A nivel nacional de 2007 al 2010, México otorgó 436 visas de este tipo, luego de la masacre de la Tamalipas se concedieron poco más de 100.

Mario Santiago, abogado de la organización no gubernamental IDHEAS, Litigio Estratégico de Derechos Humanos, alertó que el proyecto de reglamento incrementará la impunidad. “Ni siquiera van a querer denunciar los robos y otros delitos no graves porque serán deportados”.

El comisionado del Inami, Salvador Beltrán, no asistió ayer a la cita del foro Balance Legislativo en el tema de Migración, donde fue expuesta la problemática.