Quieren frenar nuevo plan de incautaciones

Sindicato de policías alega que proyecto atenta contra las condiciones laborales del LAPD
Quieren frenar nuevo plan de incautaciones
El nuevo plan de decomiso de autos debe comenzar este domingo 22. De acuerdo al LAPD, los planes no han sido alterados por la demanda.
Foto: AP

El sindicato de policías, mejor conocido como Liga Protectora de Policías de Los Ángeles (LAPPL), entabló una demanda en contra de la ciudad y del LAPD por la nueva política de decomiso de autos que entra en vigor este domingo.

Eric Rose, portavoz del LAPPL, confirmó que la demanda se interpuso el miércoles ante la Corte Superior del Condado de Los Ángeles.

La demanda judicial busca prevenir que se establezca la nueva política para incautar automóviles a conductores sin licencia, la cual propuso el jefe del LAPD, Charlie Beck, y que fue avalada por la Comisión de Policía.

Norma Eisenman, portavoz del LAPD, dijo que debido a que se trata de una demanda, el jefe Beck estaría haciendo comentarios al respecto.

Sin embargo, señaló que hasta que no reciban una nueva instrucción, por el momento continúan con el plan de establecer la nueva política, iniciando este 22 de abril.

La nueva política evita la incautación del vehículo por 30 días a ciertos de conductores sin licencia de manejo que presenten identificación válida, registro del automóvil y prueba de seguro.

Por el momento, esa medida sólo aplica a quienes hayan sido detenidos en retenes policiacos.

Al conductor se le otorga un tiempo razonable para que llame a una persona con licencia y se lleve el vehículo, para así no confiscarlo por un mes, lo que costaría alrededor de $1,400 dólares; o que tras pagar la multa pueda recoger su auto ese mismo día.

“Nuestra demanda está basada en nuestro deber de representar y proteger equitativamente las condiciones de trabajo de los oficiales del LAPD”, dijo en un comunicado el presidente del LAPPL, Tyler Izen, al asegurar que no se trata de ninguna posición sobre prácticas migratorias, sino de posibles demandas en contra de policías.

Como oficiales que han juramentado ante la ciudad y el estado, agrega la declaración de Izen, los policías están obligados a cumplir todas las normas de tránsito estatales, independientemente del estado migratorio del infractor.

La aprobación de la nueva política para el decomiso de autos a conductores sin licencia, estableció la LAPPL, se contrapone a los procedimientos del Código de Vechículos de California, que ordena esa retención de 30 días del automóvil.

“Creemos que una revisión en los tribunales es necesaria”, agregó Izen.

Martín Terrones, miembro de la Coalición de Inmigración del Sur de California (SCIC) que luchado por ese cambio en el decomiso de autos, dijo no estar sorprendido por la demanda, ya que existe un conflicto de interés de mucho billete.

“Es obvio que para el sindicato no se trata de un asunto de seguridad, sino de dinero”, mencionó.

Y es que Eric Rose, el portavoz de la LAPPL, es también el director ejecutivo de la compañía de grúas OPG (Official Police Garages) que tiene la concesión para el arrastre y resguardo de automóviles decomisados, lo cual les genera millones de dólares en ingresos.

Datos oficiales indican que en 2011 el LAPD decomisó alrededor de 30 mil vehículos.

La compañía OPG fue una de las que financió la campaña para concejal Mitchell Englander, quien se ha opuesto a una nueva política de decomiso de autos.

“El sindicato de policías dice que se preocupa por demandas, pero en Oakland y San José (donde existe un procedimiento similar al que se aplicaría en Los Ángeles) no ha existido ni una sola, porque los policías están protegidos”, recalcó Terrones.

El alcalde Antonio Villaraigosa y el jefe Charlie Beck, señaló, tienen la autoridad para establecer una moratoria hasta que se resuelva el asunto de las licencias para indocumentados.

“Pero el alcalde no lo quiere hacer, no quiere tener problemas porque encabeza convención demócrata y no quiere controversia, por eso se lava las manos, y eso es una cobardía”, agregó Terrones.

La Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes en Los Ángeles (CHIRLA) reaccionó ante lo que consideró una acción “insensata, injusta y costosa” del sindicato de policías.

“La política de no decomisar arbitrariamente los coches a motoristas sin licencia de manejo es sensata, justa, y de acuerdo con la ley y el mandato del Departamento de la Policía de LosAngeles”, señaló Jorge Mario Cabrera, portavoz de CHIRLA.

“Como niño berrinchudo, el sindicato está anteponiendo una falsa preocupación a la seguridad de sus miembros aún en contra de valores y principios mucho más importantes”, agregó. “Esperamos que las cortes judiciales tiren por la borda esta demanda tan pronto como llegue a su escritorio”.