Arpaio enfrenta nueva demanda

PHOENIX, Arizona.- Activistas de la comunidad latina aplaudieron la decisión del Departamento de Justicia (DOJ) de interponer una demanda civil contra la Oficina del Sheriff Joe Arpaio (MCSO) por discriminar contra los latinos y cobrar venganzas políticas.

“Nuestra comunidad ha vivido bajo una nube de temor por demasiados años y esta demanda valida nuestros temores”, dijo Daniel Ortega, abogado de derechos civiles.

La demanda es el último capítulo de una larga saga de acusaciones contra la agencia del controversial sheriff Joe Arpaio que ha estado en el ojo de una investigación federal por los últimos cuatro años en conexión con sus redadas de inmigrantes.

“La policía debe proteger y servir a nuestras comunidades no dividirlas. Este es un caso que en su esencia trata de abuso de poder en el que está involucrado el Sheriff Joe Arpaio y la oficina del sheriff que ignoró la Constitución”, dijo Thomas Perez, secretario del fiscal federal durante un conferencia de prensa en Phoenix.

Perez enfatizó que el DOJ no tuvo otra opción más que demandar a la oficina del sheriff después de que se suspendieran las negociaciones porque Arpaio no aceptó la condición de que su agencia fuera monitoreada por una tercera parte.

Las negociaciones iniciaron después del 15 de diciembre de 2011 cuando el DOJ dio ha conocer hallazgos de que la agencia del sheriff estaba involucrada en actos de discriminación contra los latinos tanto en su patrullaje como en la cárceles. El anuncio fue el resultado de una investigación de violaciones a los derechos civiles que inició en junio de 2008 en medio de denuncias de la comunidad latina contra los operativos de redadas que el sheriff realizaba en vecindarios hispanos para capturar inmigrantes.

En la demanda el DOJ presenta acusaciones contra MCSO que indican que esa agencia policíaca “promueve y es indiferente a la conducta discriminatoria de sus oficiales.” También alega que estas violaciones a los derechos civiles han estado ocurriendo desde el 2006 hasta la fecha e involucran también servicios inadecuados a los reos que hablan español y venganzas políticas del sheriff contra sus críticos.

Aunque algunos activistas aplaudieron la demanda muchos reconocieron que el proceso de llevar a Arpaio ante la corte podrá tardarse varios años y que la mejor solución es que el sheriff renuncie o sea destituido de su puesto.

“Yo no tengo fe que esta demanda va a hacer nada en los siguientes dos años, quizás en dos años saque frutos, pero en dos años deportan a mucha gente, en dos años destruyen muchas familias. En dos años todo esto puede hacerse nacional”, dijo Salvador Reza un activista de la organización Tonatierra.

Reza, un conocido crítico del sheriff que lo acusó de cobrar venganzas políticas en una demanda –después de que fuera arrestado sin justificación – recordó que la Corte Suprema todavía esta decidiendo el futuro de la ley SB 1070 que convierte en un delito ser indocumentado en Arizona. De ser aprobada está ley podría legitimizar muchas de las cosas que Arpaio había estado haciendo contra la comunidad, explicó Reza.

Carlos García, un activista del movimiento PUENTE responsabilizó al gobierno federal por continuar cooperando con la agencia del sheriff al tomar custodia de los inmigrantes que detiene en sus operativos de redadas y enfatizó que para lograr un verdadero cambio el Departamento de Seguridad Nacional debe dejar de cooperar con está agencia.

Por su parte, Lydia Guzmán de la organización Respet/Respeto dijo que la demanda federal le daba voz a las quejas de la comunidad y denuncias de que el sheriff ha estado abusando de su poder.

Guzmán resaltó que el próximo 19 de julio Arpaio tendrá que enfrentarse con la corte por otra demanda sometida por grupos defensores de los derechos civiles como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) donde se acusa a su agencia de hacer uso de perfiles raciales.

“Esta demanda adicional del Departamento de Justicia le da validez a todo lo que nosotros hemos argumentado”, agregó.

Mary Rose Wilcox, supervisor del Condado Maricopa que ha sido una de las voces más criticas contra el sheriff reconoció que la demanda era un buen paso pero destacó que el gobierno federal podría quitarle fondos que le da al condado por haber incurrido en violaciones de los derechos civiles.

Durante una conferencia de prensa Arpaio dijo que el gobierno federal estaba respondiendo a motivaciones políticas con esta demanda para atraer el voto de los latinos hacia el presidente Barak Obama durante las elecciones presidenciales.

“No les gusta la forma en la que yo implemento las leyes contra la inmigración ilegal, quieren controlar mi oficina”, dijo. “Voy a tener que ir a pedirles permiso a ellos antes de hacer un arresto. Eso es ridículo”.

Joseph Popolizio, uno de los abogados que representa al sheriff en las negociaciones dijo que todavía continuaban dispuestos a negociar con el DOJ, pero no cederían ante el uso de un monitor que controle la agencia.

“Esto no es simplemente una persona o personas que van a llevar una auditoria, va mucho más allá de eso. Es el monitor más el DOJ en muchas instancias que tendrían poder de vetar las decisiones del sheriff”, dijo Popolizio.

Arpaio continúa siendo objeto de una investigación de carácter criminal relacionada con abuso de poder. El fiscal Perez no quiso hacer comentarios sobre ese caso que podría resultar en que el sheriff enfrente cargos criminales.

“Todos sabemos el esfuerzo que hizo el alguacil en no cooperar con el Departamento de Justicia cuando estaban investigando todo esto. Yo se que estamos impacientes, pero cuando hay cambio y es un cambio legal toma tiempo”, dijo el abogado Ortega quien es además director de la junta del Consejo Nacional por la Raza (NCLR). “Al final del día creo que vamos a tener justicia”.