Cargo por masacre a Ríos Montt
Esta vez la masacre fue de 201 campesinos en el norte del país
El exdictador de Guatemala Efrín Ríos Montt asiste a su audiencia donde se le impuso un segundo cargo por genocidio, ayer. Crédito: AP
CIUDAD DE GUATEMALA, Guatemala (AP).- Una jueza federal ligó el lunes al exdictador guatemalteco Efraín Ríos Montt con un segundo proceso por genocidio, en relación con la masacre de 201 campesinos en el norte del país en 1982.
“Es en consideración de las medidas de prueba e investigación presentadas por el ministerio público y por el daño a la integridad física y mental de la población que este tribunal procesa al acusado, el señor Ríos Montt, por genocidio y crímenes de lesa humanidad”, resolvió la jueza Carol Patricia Flores, quien preside el segundo juzgado de alto impacto.
Sin terminar de dictar la sentencia, decenas de personas presentes aplaudieron la resolución inesperada de Flores.
El ministerio público sólo había imputado los cargos de asesinato y deberes contra la humanidad.
Flores rogó que la sala guardara silencio mientras determinó que Ríos Montt seguiría bajo prisión domiciliaria y que deberá pagar la suma 500 mil quetzales (66 mil dólares).
Según la fiscalía, Ríos Montt tuvo responsabilidad en la operación militar en la cual murieron 201 campesinos de la comunidad Dos Erres, en Petén, unos 500 kilómetros al norte de la capital, en un hecho que se enmarcó dentro de la política de “tierra arrasada” ejecutada durante parte del conflicto armado que se prolongó por 36 años en la nación centroamericana.
Cuando fue llamado a declarar, el exgobernante de facto dijo que había “temas y autoridades bajo las cuales funcioné. Es bajo la ley custodial del Ejército, señora juez, que me declaro inocent”, en una sala llena de familiares de las víctimas, así como activistas por los derechos humanos.
Fue la primera vez que Ríos Montt, de 85 años, declaró ante un juez después de ser procesado por genocidio, por el exterminio de comunidades indígenas del centro del país, en una causa distinta.
El caso contra el ex gobernante se remonta al 7 de diciembre de 1982, cuando 17 kaibiles, como se denomina a los comandos elite del ejército, y otros 40 soldados ingresaron a Dos Erres, torturaron a varios hombres a los que luego ejecutaron, mataron a decenas de niños y violaron a las mujeres de la comunidad.
El de las Dos Erres es el segundo expediente judicial en el que el ex dictador figura como imputado, ya que también es acusado de genocidio por el exterminio de comunidades indígenas del centro del país, en una causa distinta.
El general retirado también es acusado de ser el autor intelectual de 266 operativos militares en los que habrían muerto al menos 1,771 personas, se habrían cometido 1,400 violaciones a los derechos humanos y desplazado a por lo menos 29 mil personas entre 1982 y 1983.
El conflicto armado terminó en 1996 con un acuerdo de paz entre el gobierno y las guerrillas. Una comisión de la verdad auspiciada por Naciones Unidas reportó que durante las hostilidades hubo más de 200 mil muertos y desaparecidos, en su mayoría civiles, indígenas y campesinos, de los cuales responsabilizó primordialmente al Ejército.
