Fuerza de los ‘Dreamers’ se intensifica

Los estudiantes cuentan ahora con apoyo de expertos y facultades

Jóvenes muestran su apoyo al DREAM Act y a  estudiantes que corrían el riesgo de ser arrestados el año pasado en LA.
Jóvenes muestran su apoyo al DREAM Act y a estudiantes que corrían el riesgo de ser arrestados el año pasado en LA.
Foto: Aurelia Ventura / La Opinión

WASHINGTON, D. C.- Los jóvenes no descansan. Luego de infructuosas conversaciones con el gobierno, ahora consiguieron el apoyo de 96 académicos -expertos en inmigración de prestigiosas universidades- para aclarar por escrito que el presidente Barack Obama sí les puede otorgar alivio administrativo.

El mandatario y sus altos asesores lo han dicho en público y en privado. “El Gobierno debe cumplir con las leyes de inmigración” y no es posible emitir una orden ejecutiva para un grupo completo de jóvenes que se beneficiarían con el proyecto de ley del Sueño.

A principios de este mes, en un discurso completo dedicado a inmigración, la directora del Consejo de Política Doméstica de la Casa Blanca, Cecilia Muñoz, reiteró este mensaje.

“Es un error pensar que las herramientas administrativas por sí solas son un remedio suficiente. El Gobierno tiene la esperanza de establecer normas para el cumplimiento migratorio que perduren y provean racionalidad a una función necesaria e importante para hacer cumplir las leyes, y siempre buscaremos maneras de fortalecer esos esfuerzos. Pero, si queremos abordar el problema de la inmigración ilegal en su misma base, el Congreso tiene que aceptar su responsabilidad”, enfatizó.

Los Dreamers, sin embargo, no aceptan esta respuesta. En una carta enviada el 28 de mayo al Gobierno de Obama, el grupo de jóvenes reclutó el apoyo de profesores de leyes -expertos en inmigración- de universidades como UCLA, Yale, Harvard y la Universidad de Miami, sólo por nombrar algunas.

“Esta carta es un testamento de que la comunidad entera, incluyendo los grupos proinmigrantes, líderes de fe y, ahora, las mentes legales más brillantes del país, piensan que es tiempo de que el gobierno entregue alivio administrativo a los Dreamers“, dijo Gaby Pacheco, coordinadora del proyecto END, de la red United We Dream.

En la misiva de 10 páginas se especificó que sí hay soluciones: “Escribimos sólo para explicar que existe una clara autoridad ejecutiva en diversas formas de alivio administrativo para quienes calificarían en el ‘Proyecto de ley del Sueño'”. Entre ellas se mencionan acción diferida, libertad condicional en el lugar y salida forzada diferida.

La primera permite que la persona se quede temporalmente en Estados Unidos y pueda obtener un permiso de trabajo durante este lapso; tras esto debe solicitar a una renovación.

La segunda elimina temporalmente la necesidad de regresar a los países de origen, corriendo el riesgo de que se les apliquen las penas de tres y 10 años por reingreso. La última se otorga usualmente en base a la nacionalidad y está asociada a condiciones extremas.

Para congregar a 96 académicos, los jóvenes contaron con el apoyo de la facultad de leyes de la Universidad de California, quienes se organizaron con sus contrapartes.

“Existe un gran consenso entre los expertos en leyes de inmigración sobre los temas discutidos en la carta. Es decir, que el Gobierno tiene la autoridad ejecutiva para otorgar alivio administrativo”, explicó el profesor Hiroshi Motomura, de UCLA.

“Creo que la clave acá es mostrarle al presidente que tiene apoyo para hacer esto, me parece que es el tipo de medida que quiere implementar, pero necesita respaldo público, para que la gente sepa que existe una base para esto”, aseguró Deborah Anker, directora de la Clínica para Inmigración y Refugiados de Harvard.

En un memorando interno enviado al director de del Servicio de Ciudadanía e Inmigración, Alejandro Mayorkas, al comienzo del gobierno de Obama, ya se habían mencionado las dos primeras opciones como alternativas para otorgar alivio administrativo a parte de la población indocumentada.

Los Dreamers tienen desplegada la campaña “Derecho a soñar”, que contempla protestas, marchas y actos públicos en estados como Arizona, Arkanzas, California, Florida, Oklahoma, Texas y Wisonsin. El objetivo principal es que el presidente les entregue alivio administrativo a través de una orden ejecutiva.