Al alza plagios por deudas de drogas en LA

Antes del secuestro y tortura de una pareja que debía dinero a una peligrosa pandilla de Pico Rivera, ya han ocurrido otros raptos relacionados con el narcotráfico, aunque algunos no son reportados a las autoridades, dijo el jefe del Dpto. del Sheriff de Los Ángeles, Lee Baca, a La Opinión.

Una línea de investigación presume que una de las víctimas de la banda “Rivera 13”, a quien le cortaron parte de la oreja, aplastaron los dedos con una pistola y marcaron una palabra en su estómago con un cuchillo caliente durante un cautiverio de cinco días, debía $6,000 por droga a los pandilleros.

Baca indicó que se trata de un “nuevo nivel” en el negocio de las drogas que ya se registra en Los Ángeles, aunque no tan a menudo, como sucede en Arizona y otras ciudades. En Phoenix, de 2007 a 2009 se reportaron 826 secuestros, algunos ligados directamente a los carteles mexicanos de la droga.

“Hay una significativa cantidad de venta de droga que ocurre en Los Ángeles. Sin embargo,este es un nuevo nivel, cuando empiezan a secuestrar a personas por un rescate; nos muestra qué tan cruel es el mundo de las drogas”, comentó el jefe del Sheriff.

En ese ambiente, las deudas se contraen cuando alguien recibe cierta cantidad de narcóticos para transportar o distribuir. Su valor en el mercado negro debe pagarse íntegro a los traficantes en un plazo fijo (al menos el 50% de ésta si es confiscada por las autoridades) o vienen las consecuencias.

“Tienen una deuda que saldar y si no la pagan usualmente se hacen advertencias, que tienen fecha límite, y si no se cumple con el plazo, entonces el secuestro se convierte en una realidad”, explicó Baca.

Desde 2010, el Departamento de Justicia (DOJ) alerta que hay delitos no reportados en ciudades cercanas a la frontera con México, donde algunos robos, extorsiones y secuestros no son denunciados a las agencias policiacas, porque se cometen en contra de personas involucradas con el narcotráfico.

En el caso de los secuestrados en Pico Rivera, el crimen fue reportado por los vecinos y no por la esposa de la víctima, quien fue liberada para reunir el rescate. Han habido incidentes, comentó Baca, donde no se han enterado las autoridades, ya que todo se soluciona entre ellos. “Si los criminales producen el dinero [que se debe] sin llamar a la Policía, entontes no se reporta el delito”, indicó el jefe policiaco.

La pandilla “Rivera 13” tiene el respaldo de la Mafia Mexicana, un grupo delictivo que opera desde las prisiones de California y que tiene lazos con los carteles de Sinaloa y Tijuana. Detectives del Sheriff, sin embargo, dudan que el rapto esté relacionado con la delincuencia organizada de México.

El temor de Jim McDonnell, jefe del Departamento de Policía de Long Beach, es que crímenes similares ocurran más a menudo en el condado de Los Ángeles, como se registra a gran escala en México.

“Al menos que estemos muy bien preparados y hagamos lo correcto, es sólo cuestión de tiempo antes de que empecemos a ver algunas de las cosas que hemos visto al sur de la frontera, ocurriendo aquí, en nuestras propias comunidades”, expresó en una entrevista con La Opinión.

McDonnell, quien fue parte de la Policía de Los Ángeles (LAPD) por 28 años, incluso estuvo en la terna para suceder al exjefe Bill Bratton, considera que sólo mejorando la relación entre las agencias del orden y los residentes se podrá hacer frente a esta seria amenaza.

“El asunto es tratar de construir la confianza en las comunidades alrededor del condado para que la gente se sienta confortable de hablar, de saber que la Policía tomará el caso con mucha seriedad y que haremos todo lo posible para proteger a la gente secuestrada, también a sus familias”, señaló.

Baca y McDonnell participaron este jueves en el anuncio de una campaña que precísamente pide al público denunciar otro delito grave, poco reportado y que prevalece en el condado: la trata de personas.

Más allá del mundo del narcotráfico, opina la activista de derechos humanos Connie Rice, existen comunidades “subterráneas” en Los Ángeles que no denuncian los delitos porque desconfían de los policías, temen que la interacción con éstos les afecte o dudan de su capacidad.

Se trata de los indocumentados, minorías, niños explotados, familias pobres, residentes marginados por la “cultura principal”, quienes, subraya, saldrían de las sombras con un patrullaje con sentido común, como la política que eliminó los decomisos de coches durante 30 días por manejar sin licencia.

Su silencio, advierte, pone en peligro al resto de la población.

“Si no puedes llevar ese ‘Los Ángeles invisible’ al escenario principal, entonces los vas a perder en la lucha contra el crimen, se hacen vulnerables, se convierten en la filtración de amenazas transnacionales: terroristas de Medio Oriente, carteles mexicanos de la droga, lo que sea”, puntualizó.