La soga no da más

En un fallo histórico dictado el lunes 25 de junio de 2012, la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucionales tres de las cuatro provisiones de la “Ley de Apoyo a las Fuerzas del Orden y Vecindarios Seguros”, mejor conocida como SB1070, que habían sido motivo de una demanda judicial por parte del Departamento de Justicia federal.

El organismo judicial decidió declarar inconstitucional las siguientes provisiones:

– Convertir en un delito menor el no portar documentos migratorios;

– Convertir en un crimen el hecho de trabajar sin documentos; y,

– Arrestar sin una boleta judicial a aquellos individuos sobre los que haya sospecha de que han cometido un delito de los conocidos como deportables.

Sin embargo, el tribunal decidió darle validez constitucional a la provisión que obliga a los agentes del orden a que en el proceso de investigación de una infracción o delito, averiguen el estado migratorio de la persona si existe una “sospecha razonable” de que podría tratarse de un inmigrante no autorizado.

Esta resolución del máximo tribunal trae una serie de consecuencias de carácter legal, migratorio, y por supuesto político.

En materia legal, es un dictamen ajustado a derecho. Por una parte con la declaratoria de inconstitucionalidad de las tres primeras provisiones, deja claro, que el cumplimiento de las leyes migratorias es un asunto netamente federal, y que los estados no tienen derecho a aprobar sus propias disposiciones. Por otro lado, deja vigente la provisión que se presume no está reñida con la ley federal, pero dejando la puerta abierta para que puede ser considerada inconstitucional bajo otras causales, como el uso del perfil racial.

Desde la perspectiva migratoria, da un alivio a los inmigrantes no autorizados en todo el país al prohibirse que los estados tomen en sus manos la aplicación de las leyes en esta materia; pero coloca a los inmigrantes legales y no autorizados de Arizona en una situación de vulnerabilidad ante los abusos ampliamente probados de individuos como el Sheriff del condado de Maricopa, Joe Arpaio. Esto a corto plazo, pero a largo plazo, considero que esta última provisión que sobrevivió el mandato judicial, no va a subsistir cuando el mismo tribunal tenga que revisar el uso del perfil racial que necesariamente impone esta norma.

Y vamos al tema político. Ambos bandos, quienes apoyan la Ley, y quienes se oponen a ella se han declarado victoriosos.

Obama puede vanagloriarse de que se mantuvo el principio de que la inmigración es un asunto federal, y la oposición puede danzar alrededor de la provisión que quedó en pie.

Que incidencia va a tener esta resolución en las próximas elecciones?

Es difícil de establecer, quizás ninguna. Una cosa si me atrevería a afirmar, la soga ya no da para más, y la Corte Suprema le dio el último tirón. En el 2013 el Congreso deberá trabajar en una ley. Las características de esa ley si dependen en cambio de lo que ocurra en Noviembre.

Por eso es imperativo, señor lector, regístrese y vote.