Revisan en LA casos de deportación

Activistas lo ven como la una nueva oportunidad que tiene Obama para hacer realidad sus promesas a la comunidad hispana

Angélica Salas, directora ejecutiva de CHIRLA.

Angélica Salas, directora ejecutiva de CHIRLA. Crédito: Archivo Aurelia Ventura

LOS ÁNGELES.- Activistas proinmigrantes dicen que el Gobierno del presidente Barack Obama tiene una nueva oportunidad para hacer realidad sus promesas a la comunidad hispana ahora que en Los Ángeles se están revisando casos de deportaciones con base en el plan del ejecutivo.

“Es la última oportunidad que tiene el Gobierno para demostrar que el plan para examinar estos casos fue creado con seriedad y buenas intenciones, y que no fue sólo un juego político”, dijo el jueves Angélica Salas, directora ejecutiva de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes en Los Ángeles (CHIRLA). “Tenemos altas expectativas de lo que van a hacer en (esta zona)”.

Las reacciones ocurrieron en la primera semana que se desarrolla la revisión de casos de deportación en el área de Los Ángeles.

El resultado de estas evaluaciones es importante dado que Los Ángeles tiene la mayor cantidad de casos en cortes de inmigración en el país, unos 53 mil ó 17% del total nacional, de acuerdo con activistas.

“Dada la cantidad de casos en Los Ángeles, Inmigración tiene la oportunidad de hacer realidad las promesas que hizo al anunciar la revisión de los casos, de enviar el mensaje de que está tomando en serio los (llamados) Memos de Morton, y que los está haciendo cumplir rigurosamente”, dijo Joshua Stehlik, abogado del Centro Nacional de Leyes Migratorias. “Hasta ahora nos han defraudado con las evaluaciones, así que esta vez tenemos esperanzas, pero estamos preocupados”, agregó.

Del total de casos en Los Ángeles, 35 mil fueron examinados previamente. O sea que esta semana y la siguiente, cuando las cortes de inmigración cierren parcialmente para este propósito, se revisarían unos 18 mil casos, de acuerdo con Stehlik.

Estas cifras surgieron el mes pasado durante reuniones entre congresistas, activistas proreforma migratoria y funcionarios tanto del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) como de la Oficina Ejecutiva para Revisiones Migratorias, que administra el sistema nacional de cortes de inmigración, según Stehlik, uno de los participantes en estas reuniones.

En agosto, el Gobierno de Obama anunció que se evaluarían cerca de 300 mil casos de deportación y que probablemente se suspendería indefinidamente aquellos casos sin delitos graves, es decir, de quienes no representen una amenaza pública o de seguridad nacional.

Activistas proinmigrantes alabaron esta decisión pero críticos la rechazaron tachándola de estratagema del Gobierno para evadir al Congreso.

Desde entonces, sin embargo, intercesores de inmigrantes han criticado al Gobierno por otorgar muy pocas suspensiones de deportaciones luego de las evaluaciones ofrecidas.

Hasta el 29 de mayo, ICE había examinado 288 mil 361 casos de deportación, según el Centro Nacional de Leyes Migratorias. De estos, 20 mil 648 fueron identificados como aptos para suspensión de deportación según el poder discrecional, pero solo se les ofreció este beneficio a 8 mil 361 casos. El resto de los casos estaba en proceso de revisión de antecedentes.

Y de los casos que recibieron ofertas de cese de deportación, sólo 4 mil 363 (ó 1.5% de los casi 290 casos revisados) aceptaron el beneficio. Muchos no lo habrían aceptado porque tenían mejores alternativas, agregó Stehlik.

Activistas proinmigración como Salas y Pablo Alvarado están usando este bajo porcentaje para sustentar sus críticas hacia el gobierno de Obama.

“No tengo muchas expectativas. No creo que el número total vaya a cambiar mucho”, dijo Alvarado, director ejecutivo de la Red Nacional de Jornaleros, organización que ha seguido de cerca este proceso a través de su departamento legal. “Creo que será inútil y que sólo será un parapeto político porque no está reduciendo el número de deportaciones”.

ICE explicó través de su portavoz Virginia Kice que “las evaluaciones están diseñadas para permitir que la agencia haga mejor uso de sus recursos limitados al enfocarse en casos que tienen el mayor efecto en la seguridad pública y la integridad del sistema de inmigración, como casos relacionados con inmigrantes convictos y fugitivos”.

“El uso efectivo del poder discrecional permite que ICE cierre casos que no son prioridad para la agencia y así alivie la carga que abruma a las cortes de inmigración”, agregó Kice.

Desde que la revisión nacional comenzó en noviembre, cerca de 111 mil nuevos casos de deportación habrían sido agregados al proceso, de acuerdo con el Centro para Políticas de Inmigración.

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