Tamaulipas en vilo por migrantes deportados
Acusan de dejar solos a municipios e indocumentados en la repatriación
Un grupo de hombres descansa en Nogales, México, luego de que todos fueran repatriados. Crédito: Archivo Aurelia Ventura
MÉXICO, D.F.- Primero fue por la frontera con Chihuahua y ahora por Tamaulipas donde los habitantes ven llegar uno a uno a los migrantes que viajan con alguna mochila al hombro o caja de cartón en mano: son alrededor de 210 mil los repatriados mexicanos y centroamericanos que mantienen en vilo al estado.
Autoridades y pobladores están “en alerta” y ya pusieron una queja con el Instituto Nacional de Migración (INM) y la Secretaría de Relaciones Exteriores, a las que acusan de dejar solos a municipios e indocumentados entre sida y tuberculosis, adicciones y hambre.
Las necesidades inmediatas empujan a algunos foráneos al robo de coches, transeúntes, casa habitación y lo que se cruce por su camino, denunció el vicepresidente de la Cámara Nacional de Comercio en Matamoros, una de las tres ciudades más afectadas junto con Nuevo Laredo y Reynosa.
El empresario reprochó la desidia y desatención del Gobierno federal, que firmó un protocolo que permitió cancelar las deportaciones por Ciudad Juárez, Chihuhua, y no por la región tamaulipeca.
“Así se nos vinieron arriba desde el año pasado”, afirmó.
Los cálculos del Gobierno estatal que incluyen estadísticas del INM sostienen que en 2011 el 43% por ciento de los 340 mil deportados del país llegó por esas tierras y la mayoría en condiciones de mendicidad y vulnerabilidad que los deja expuestos al crimen organizado, principalmente al que dirigen Los Zetas.
Entre estos se incluyen sin papeles centroamericanos que se hicieron pasar por mexicanos para evitar ser enviados hasta sus países de origen, lo que los alejaría del “sueño americano”.
En 2012, la situación ha seguido igual: durante el primer semestre ya se superan las 60 mil deportaciones, y los gastos de atenciones -salud, albergue y seguridad- corren por cuenta de los locales.
Los alcaldes Alfonso Sánchez, de Matamoros; Everardo Villarreal, de Reynosa; y Benjamín Galván, de Nuevo Laredo, formaron esa semana un “frente común” para hacerse de un presupuesto “que permita atender ese problema social”, pero no han tenido respuesta.
“Busquemos la manera de que se apoye a los municipios por donde cruzan”, aclamó Sánchez, de Matamoros, que recibió el año pasado a 35 mil deportados.
La solución temporal que han encontrado los presidentes locales es el programa Migrante a Casa, a través del cual concentran a los mexicanos en Nuevo Laredo y después los transportan al Distrito Federal con el argumento de que así “están más cerca a su lugar de origen”.
No obstante, el problema se agudiza con los centroamericanos porque los ayuntamientos no cuentan con presupuesto para regresarlos más allá de la frontera sur, y hoy exigen a los consulados de México en Texas y al Gobierno estadounidense evitar la deportación a México de extranjeros, un compromiso firmado entre ambas naciones.
