Piden acción de Harris en Anaheim

Activistas latinos y familiares de víctimas mortales a manos de agentes del Departamento de Policía de Anaheim (APD) entregaron ayer una petición con 17 mil firmas en las oficinas de la Procuraduría de California en Los Ángeles para que la fiscal estatal Kamala Harris se involucre en la investigación de la corporación policiaca.

Este 2012, los policías de Anaheim se han visto involucrados en siete tiroteos en los que han muerto cinco personas, incluyendo a Manuel Díaz, cuya muerte hace poco más de una semana desató una serie de protestas en la ciudad.

A decir de los activistas, en el APD prevalece la cultura de la violencia y la conducta de sus agentes refleja un problema sistemático de ataques en contra de la comunidad latina.

Indicaron que no está lejano el día que haya una explosión de violencia porque consideran que el APD ha realizado ejecuciones extrajudiciales durante muchos años.

Arturo Carmona, director de la organización Presente.org a través de la cual se recolectaron las firmas, indicó que el APD está fuera de control y es necesaria la intervención de la procuraduría estatal.

“No se pueden investigar ellos mismos”, comentó durante una conferencia de prensa antes de entregar la petición. “En vez de escuchar, la Policía de Anaheim realiza esfuerzos de intimidación en las protestas pacíficas”.

Carmona explicó que al igual que en el caso de Trayvon Martin en Florida, es necesario que el estado de California intervenga en Anaheim al considerar que se trata de un problema sistemático.

Shum Preston, portavoz de la Procuraduría de Justicia de California, dijo que para la fiscal Harris no hay duda que se requiere de una investigación oportuna y exhaustiva sobre los incidentes en Anaheim.

Sin embargo, aclaró, una vez que termine la investigación independiente que está llevando a cabo la Fiscalía de Distrito del Condado de Orange, se van a revisar esos resultados y pruebas para determinar si se necesita de una revisión adicional o si se justifica una investigación.

Actualmente los recientes casos de oficiales involucrados en tiroteos están siendo revisados por la Fiscalía de Distrito del Condado de Orange, pero Tom Tait, alcalde de Anaheim, había pedido la semana pasada la intervención del Departamento de Justicia para que asistiera en ese proceso.

La Alcaldía de Anaheim confirmó que el viernes pasado Tait se reunió con agentes de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) para avanzar en una posible investigación de los recientes casos de uso de la fuerza por parte del APD.

No obstante, el FBI informó que aún no se ha abierto ninguna investigación porque primero se deben revisar los resultados que arroje la investigación de la Fiscalía de Distrito.”Todas las denuncias en contra de corporaciones que involucran mala conducta o abusos bajo el manto de la ley son evaluadas y revisadas en investigaciones federales de derechos civiles”, mencionó Lourdes Arocho, vocera del FBI.

“Estaremos analizando las pruebas y el informe de la Fiscalía de Distrito para determinar si se justifica una revisión federal”, agregó.

Benny Díaz, director en Anaheim de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC), indicó que estarán solicitando que el APD sea sometido a un programa de observación de dos años, similar al “consent decree” que se estableció al Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) tras el escándalo de corrupción en la estación de Rampart.

Julio Pérez, director político de la Federación del Trabajo del Condado de Orange, reclamó que no es posible que la autoridad encargada de proteger esté atacando a la comunidad.

Bárbara Padilla es madre de Marcel Ceja, quien tenía 22 años cuando en noviembre de 2011 murió a consecuencia de un disparo en el pecho que le hizo un policía de Anaheim.

Para esta madre, es necesario que los agentes sean responsabilizados de sus actos.

“La Policía de Anaheim nos ha salido con esto durante años, ya es tiempo que los responsabilicen”, mencionó. “Los disturbios no son el camino correcto, pero no se puede callar a la gente”.

La señora Padilla cargaba un cartel con los nombres de 15 personas que supuestamente fueron “asesinadas” por policías sin justificación aparente. Once de esas 15 muertes ocurrieron entre 2009 y 2012.