Varias ONG contra la impunidad militar
ONGs y víctimas lanzan campaña contra la impunidad militar en México
Nuevo secretario de la CIDH, Emilio Álvarez Icaza Longoria, dice que hay que hacer de los derechos humanos un plan de vida. Crédito: Notimex
MÉXICO, D. F. (EFE).- Diversas organizaciones civiles lanzaron ayer una campaña internacional contra la impunidad militar en México, y pidieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitir el caso de la “Masacre de El Charco” de 1998.
La campaña “Contra la Impunidad Militar y el Olvido, Luchamos por la Justicia a 14 años de la “Masacre de El Charco”, busca que la sociedad denuncie penalmente los abusos de militares y exige al Estado mexicano cumplir con los compromisos internacionales en materia de derechos humanos.
El objetivo es que “nunca más miembros del Ejército cometan violaciones a los derechos humanos contra la población y que si cometieran actos en contra de esta sean sancionados conforme al derecho nacional e internacional”, demandan activistas, campesinos, sindicalistas e indígenas en un escrito leído en rueda de prensa.
El abogado y activista Ernesto Rodríguez Cabrera señaló la necesidad de acabar con la impunidad y, sobre todo, “evitar más violaciones a las garantías individuales de parte del Ejército”.
Rodríguez responsabilizó al Ejército de lo ocurrido la madrugada del 7 de junio de 1998 en la comunidad indígena de El Charco, en el occidental estado Guerrero, donde militares “asesinaron” a 12 indígenas a quienes vincularon al rebelde Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI).
“No podemos seguir tolerando que haya personas masacradas por las fuerzas que debían defenderlas”, aseveró el defensor de familiares y sobrevivientes de aquella tragedia, entre ellas Ericka Zamora Pardo, quien participó en la rueda de prensa.
De acuerdo con Zamora Pardo, los militares cometieron entonces una serie “de violaciones, abusos y arbitrariedades”, ya que “al llegar, si bien es cierto que habían algunos guerrilleros que participaron en una asamblea educativa, a todos nos sometieron y sin que nadie pudiera defenderse mataron a muchos inocentes”.
Declaró que ante la falta de respuesta del Estado, el pasado 16 de julio una comisión encabezada por el obispo mexicano Raúl Vera López acudió a la CIDH “en busca de justicia para las viudas y huérfanos de los masacrados, para los sobrevivientes de la masacre y de la tortura ejercida por integrantes del Ejército mexicano”.
“Ellos deben responder por estos actos”, dijo, y se refirió en particular al general Alfredo Oropeza Garnica, a quien las víctimas responsabilizan directamente de las “detenciones y muertes extrajudiciales, tortura y detenciones arbitrarias”.
Comentó que con apoyo de las organizaciones WOLA (la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos) y Grupo de Trabajo para Asuntos Latinoamericanos (LAWG), el grupo de activistas mexicanos acudió en días pasados a diversas instancias internacionales para pedir su apoyo, entre ellas a la CIDH.
Precisó que tuvieron encuentros con representantes del Departamento de Estado de Estados Unidos y de la Oficina de Derechos Humanos México-Canadá, así como el director Relaciones con la Sociedad Civil de la Organización de Estados Americanos (OEA), Jorge Sanín.
Sus interlocutores, dijo, además de expresar su apoyo “se comprometieron a darle seguimiento a todo lo relacionado con el tema de la masacre de El Charco”.
