Dallas busca prohibir renta de casas a indocumentados
Farmers Branch, un suburbio de Dallas, busca impedir que se alquilen viviendas a migrantes indocumentados.
Dallas .- El gobierno de Farmers Branch, un suburbio de Dallas, Texas, pidió a una Corte Federal de Apelaciones permitir que esa comunidad ponga en práctica una ordenanza municipal que prohibiría alquilar viviendas a migrantes indocumentados.
En una audiencia efectuada ante el pleno de la Corte Federal de Apelaciones del Quinto Circuito en Nueva Orleans, las autoridades de Farmers Branch solicitaron revisar la legalidad de la ordenanza.
El pedido se produjo a pesar de que tres jueces de esa corte dictaminaron que el estatuto era anticonstitucional e interfiere con el sistema federal de inmigración.
No obstante, el pleno de la corte aceptó revisar de nuevo la ordenanza ante la insistencia de los representantes de Farmers Branch, quienes aseguraron que existían ahora nuevas condiciones que afectan el estatuto.
Los abogados del suburbio de Dallas consideraron que la ordenanza debe ser revisada debido a la influencia que tiene sobre la misma un fallo de la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos sobre la ley antiinmigrante SB1070 de Arizona, emitido en junio pasado.
En su dictamen, el máximo tribunal judicial del país rechazó las principales partes de la SB1070, pero autorizó una disposición de la ley que permite a los policías de Arizona cuestionar el estatus migratorio de un detenido, si hay sospecha razonable de que se trata de un indocumentado.
Dicha previsión de la SB1070 entró en vigor en Arizona, el pasado martes.
El secretario de Estado de Kansas, Kris Kobach, quien también representa a Farmers Branch, dijo en la audiencia que la disposición de la ley de Arizona refleja una parte clave de la ordenanza municipal para prohibir la renta de viviendas a indocumentados.
Los jueces también escucharon argumentos de un grupo de propietarios de apartamentos y viviendas en renta en Farmers Branch, que interpuso una demanda para que se bloqueara la aplicación de la ordenanza.
Nina Perales, abogada de los propietarios de viviendas, expuso que la ordenanza va mucho más allá que la ley de Arizona, al establecer procesos para identificar a indocumentados y forzar a que los migrantes abandonen las casas que rentan.
“Esta es una divergencia completa del sistema federal”, sostuvo la abogada.
Un juez federal dictaminó en contra de la ordenanza en 2010 y el panel de tres jueces en el Quinto Circuito confirmó la decisión del magistrado en marzo pasado.
Farmers Branch ha gastado más de cinco millones de dólares tratando de poner en vigor la ordenanza.
