Políticos en alerta por crimen

Muerte del hijo de ex gobernador pone en alerta a políticos
Políticos en alerta por crimen
Zetas podrían estar detrás de la muerte de Eduardo Moreira.
Foto: AP

MÉXICO, D.F.– El gobierno mexicano volcó su capacidad logística, policíaca y ministerial para esclarecer el asesinato del hijo mayor del ex presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y ex gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, en el poblado fronterizo de Santa Eulalia, ubicado en una región peleada por criminales del cartel del Golfo y los Zetas.

Autoridades de la Secretarías de la Defensa Nacional, de Seguridad Pública y Gobernación, así como la Procuraduría General de la República (PGR) se trasladaron desde esta capital hasta el estado de Coahuila, donde familiares y grupos sociales han clamado por años ayuda para esclarecer la muerte y desaparición de los suyos.

“Lo que le pasó al joven Moreira es que ocurre aquí cotidianamente, pero la diferencia es que a la gente común sólo se le levanta un acta y su caso se queda en el archivo”, dijo Antonio Esparza, del coahuilense Centro de Derechos Humanos Juan de Gerardi, con sede en Torreón.

La muerte de Eduardo Moreira, de 25 años, subió el nivel del perfil de los asesinatos violentos en el país: después de la ejecución en 2010 de Egidio Torre, candidato priísta al gobierno de Tamaulipas, ningún otro político había sido tocado por las balas del crimen.

“Es una escalada que no esperábamos”, dijo el diputado local Eliseo Mendoza.

La clase política condenó el homicidio del hijo del ex gobernador que al momento de su muerte trabajaba en la Secretaría de Desarrollo Social estatal.

“Un joven limpio”, detalló su padre en un mensaje de doble sentido frente a versiones extraoficiales sobre posibles venganzas del segundo en la jerarquía de Los Zetas, Miguel Ángel Trevino Morales, alias “El Z-40”.

El presidente Felipe Calderón calificó el homicidio como “una bajeza” y prometió por teléfono al tío del difunto, el actual gobernador, Rubén Moreira, “una investigación eficaz, objetiva, y confiable”.

En el Senado, los legisladores pidieron un inmediato acuerdo nacional contra la inseguridad. “Estas son señales que nos deberían de poner en alerta”, dijo Silvano Aureoles, del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Desde la Cámara de Diputados, el presidente de la mesa directiva, Jesús Murillo Karam, advirtió: “hay que empezar a tomar todas las medidas que sean necesarias, inteligentes, y que sean capaces de producir resultados”.

El padre del difunto Moreira gobernó el estado de Coahuila entre 2005 y 2011, etapa en que el estado se convirtió en el quinto estado más inseguro del país, posición que conserva hasta la fecha.

En lo que va del año registró 595 asesinatos, sólo por debajo de Nuevo León, Chihuahua, Sinaloa y Guerrero, según registros de la prensa nacional; además, el porcentaje de delitos no denunciados en la entidad es de 90.8%.

Hace apenas dos semanas, se fugaron por la puerta frontal y sin disparar un tiro 132 reos del penal de Piedras Negras aparentemente con ayuda de custodios y autoridades corrompidas por los criminales.

“Es un situación muy delicada porque en Coahuila no se puede confiar en la policía, las víctimas no tienen acceso a la justicia y no hay capacidad legal: las autoridades están rebasadas”, detalló Esparza, del Centro Gerardo.

A esa organización acude gente en busca de consejo cuando los ministerios públicos se declaran abiertamente incompetentes como ocurrió al padre de un muchacho asesinado por presenciar involuntariamente el momento en que delincuentes tiraban un cuerpo.

El caso de la muerte de Eduardo Moreira tiene por ahora diversas hipótesis. El analista José Hernández Santillán, del Instituto Tecnológico de Monterrey, resume: “No se puede decir que es el crimen organizado, pero tampoco se puede descartar y lo mismo ocurre con el móvil político: una advertencia a Moreira”.