Demanda en contra del Sheriff de Los Ángeles

Al considerar que el sheriff Lee Baca no va a reflexionar sobre las probables violaciones constitucionales que está cometiendo a través del programa Comunidades Seguras, defensores de los derechos civiles entablaron una demanda a nombre de seis inmigrantes que fueron retenidos en prisión más tiempo del debido a petición de la Oficina de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

La demanda, archivada este viernes por la Unión Americana para las Libertades Civiles (ACLU) y la Red Nacional de Jornaleros (NDLON), establece que las retenciones a solicitud de ICE que hace el Departamento del Sheriff de los Ángeles, violan la Cuarta Enmienda de la Constitución, la cual otorga protección en casos de aprehensiones arbitrarias.

“Primero lo detenemos y después investigamos”, dijo Jennie Pasquarella, abogada de ACLU, respecto a la forma en que están procediendo las autoridades con este tipo de retenciones.

A través del programa Comunidades Seguras o S-Comm, la información de los detenidos es compartida con ICE con el objetivo de detectar a inmigrantes con delitos graves, que representen un peligro de seguridad para el país y así deportarlos.

De esta forma cuando se detecta un “sospechoso”, ICE solicita una retención de 48 horas para investigarlo. Sin embargo, explicaron los abogados, muchas de esas personas no cometieron delitos graves, ni tienen antecedentes criminales, y sus estadías en la cárcel por esa retención llegan a ser de semanas y hasta meses.

Alaín Martínez Pérez es uno de esos casos que forma parte de la demanda. A él lo detuvieron en diciembre del año pasado en la ciudad Industry, acusado de violencia doméstica. Dos días después de su arresto un juez desestimó los cargos y le fijó una fianza de $20,000 dólares, pero a sus familiares no los dejaron pagarla por que ICE había pedido una retención.

Al sexto día llegaron los agentes de ICE y se lo llevaron a su centro de detención en Lancaster, de donde salió tres semanas sin que procediera su deportación.

El cineasta inglés Duncan Roy es otro de los demandantes, quien pasó 89 días en prisión sin que le permitieron pagar la fianza de $35,000 dólares que le impusieron.

Nicole Nishida, portavoz del Departamento del Sheriff, no quiso hacer comentario de la demanda y sólo indicó que están actuando conforme un acuerdo con el gobierno federal.

Por su parte, a través de un comunicado, ICE justificó que esa cooperación con las corporaciones asegura que “criminales potencialmente peligrosos” no sean liberados de prisión.

Para Peter Eliasberg, director legal de ACLU, la aplicación de la justicia como la están practicando ICE y el Departamento del Sheriff es fascismo puro, el régimen autoritario que establecieron los gobiernos de Benito Mussolini en Italia, Adolfo Hitler en Alemania y Francisco Franco en España.

El costo humano por esta práctica del Departamento del Sheriff es enorme, dijo Eliasberg, y el económico se estima entre los 20 y 25 millones al año, ya que cada detenido le cuesta a los contribuyentes 100 dólares diarios en tiempos que las cárceles del condado están saturadas.

“No hay duda que las detenciones son ilegales”, dijo por su parte Pablo Alvarado, coordinador de NDLON. “Estamos poniendo esta demanda porque ya no vamos a esperar a que el Congreso cambie las leyes, que el sheriff Baca reflexiones ni que ICE se autoreforme”.

Pasquarella explicó que recientemente el sheriff Baca reconoció que estaban actuando mal al no permitir que se pague una fianza establecida y que ya han enviado un memorándum interno para resolver esa cuestión.

Indicó que ICE solicita retención en el 14% de los detenidos en las cárceles del condado, es decir, que a diario unas 2,100 personas están en esa situación.

En el 75% de los casos ICE pide retenerlos para iniciar una investigación, lo cual es ilegal, dijo la abogada de la ACLU.

Este tipo de demandas en contra de las retenciones de ICE, consideradas ilegales, ya se han presentado también en Chicago y Connecticut.