Protestan en contra de la cadena de Mi Pueblo en Oakland

En un habitual sábado de compras, un supermercado de la cadena es visitado por sus más enconados críticos

Protestan en contra de la cadena de Mi Pueblo en Oakland
Protesta en tienda Mi Pueblo de Oakland.
Foto: Francisco Barradas / El Mensajero

OAKLAND.— “No me daban agua; si quería, tenía que comprarla”. Potenciada su voz por un equipo de sonido, las denuncias de Angélica Ramírez, quien dijo ser ex trabajadora de Mi Pueblo Foods, debían ser oídas por quienes aún son empleados de esa cadena de supermercados, quienes se hallaban distantes a unos 150 metros.

Pero aquellos, seguramente, no podían escucharla.

Los administradores de la tienda de Oakland, uno de los 21 supermercados de la cadena, situada en la calle High y la avenida Bancroft, en el distrito de Fruitvale, en previsión de la protesta, habían instalado su propio equipo de sonido y una valla de bocinas al amparo de los arcos frontales del edificio; de parte de Mi Pueblo, se contrarrestaban las críticas con machacona música de banda.

Desde el otro extremo del área de estacionamiento, Ramírez continuaba: “Sé que esos trabajadores que gritan en nuestra contra son manejados psicológicamente”.

La batalla también había sido a grito abierto. En un momento que los aliados del sindicato UFCW, que agrupa a trabajadores de tiendas departamentales, industrializadoras de alimentos y expendios de marihuana, se introdujeron al lote de estacionamiento hasta aproximarse a la entrada del supermercado, algunos empleados de Mi Pueblo los confrontaron exigiéndoles que se fueran, mientras que los otros clamaban que Juvenal Chávez, dueño de la compañía, “se unió a la migra”.

Ocurrió todo esto un habitual sábado de compras, el 20 de octubre, al mediodía.

Los clientes de Mi Pueblo recibían también volantes de ambos bandos. Unos, producidos por la Coalición de Dignidad y Resistencia, decían que la decisión de la compañía de enrolarse a E-Verify —un sistema de internet operado por el gobierno federal que permite a los negocios verificar si sus empleados pueden laborar legalmente en los Estados Unidos— ha motivado ya el despido de “cientos de trabajadores indocumentados” y que la redada silenciosa en curso —una auditoría de nómina conducida por la policía migratoria, (ICE)— “identificará a trabajadores indocumentados con el fin de despedirlos y posiblemente deportarlos”.

Mi Pueblo, a su vez, ofrecía sus propios volantes. Reconocía que hay una redada silenciosa en curso, aunque prefería llamarla “auditoría I-9”, que es como suelen denominarla las autoridades migratorias. Puntualizaba que no puede detener esta medida. Aceptaba que se enroló en E-Verify, precisando que sólo atañe a nuevas contrataciones. Y refería que el único interés detrás de las protestas orquestadas por UFCW es sindicalizar a los trabajadores de la compañía, y con esto, colectar cuotas.

De parte del sindicato fueron unos 300 quienes protestaron; caminaron en torno al lote de estacionamiento; gritaron consignas; mostraron pancartas —“Mi Pueblo ya no eres del pueblo”—; inquietaron a los guardias del supermercado cuando se introdujeron casi hasta llegar a las puertas del establecimiento; y dieron discursos desde la esquina frontal, donde se halla el supermercado Mi Tierra.

De parte de Mi Pueblo, había unos cinco funcionarios de mediano rango, quienes intimidaban incluso hasta a los clientes si éstos se detenían a platicar con la prensa; 15 o 20 empleados de piso, quienes defendían a gritos el honor de su centro de trabajo; un DJ que programaba a todo volumen música machacona y, sí, los consumidores, decenas, que llegaban en sus autos, familias enteras a veces, y al cabo de un tiempo salían de la tienda cargando bolsas repletas de productos o empujando un carrito hasta el tope de cartones de cerveza, como sucedió una vez mientras transcurría la protesta, que se prolongó por tres horas.

Desde el 8 de octubre, UFCW y sus aliados llamaron a un boicot contra Mi Pueblo.

A la sombra que le ofrecía el edificio del supermercado Mi Tierra —era un día caliente del fugaz verano indio—, Carlos Hernández, trabajador de la construcción, especializado en asbesto, originario de Michoacán, México, y vecino del área, miraba todo el alboroto, sin intervenir.

Interrogado sobre el caso, respondió: “Mi Pueblo tiene calidad. Pero he oído que van a correr gente”. Eludió responder si apoya el boicot. Solo agregó: “¿Pa’ qué llaman a la migra, si somos los mismos latinos quienes compramos y trabajamos ahí?”