Apoyan a periodistas

Han perdido la vida más de medio centenar de personas desde 2007

MÉXICO, D.F.— Las autoridades mexicanas, dueños de medios de comunicación y defensores de derechos humanos buscaban ayer los mejores mecanismos para proteger a periodistas y activistas sociales de la muerte o desaparición, el creciente asesinato que ha costado la vida a más de medio centenar de personas desde 2007.

La instalación de la Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas promovida por la Secretaría de Gobernación se sumó así a uno de los múltiples esfuerzos de los últimos meses.

En junio, el presidente Felipe Calderón promulgó la Ley para la Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas que da atribuciones al ministerio público federal para intervenir en las averiguaciones y obliga al Estado a dar protección de escoltas personales o a inmuebles o la reubicación si es necesario.

“Una agresión contra un profesional de los medios de comunicación es una agresión a nuestra democracia, es una agresión a nuestra convivencia en libertad”, dijo el secretario de Gobernación Alejandro Poiré ante empresarios de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión.

Además de los ataques a periodistas, en los últimos seis años, se registraron 40 ofensivas a instalaciones de medios de comunicación (con ráfagas de metralleta o granadazos) y ejecuciones a defensores comunitarios.

En algunos de los estados con mayor impunidad, las autoridades locales arrancaron la semana pasada algunos proyectos.

En Veracruz, con 19 casos, se instaló el Comité Estatal de Protección a Periodistas que contará con un capital propio para promover denuncias penales y exigir medidas de protección cuando sea necesario.

En el Distrito Federal, desde marzo pasado se creó un protocolo para dar garantías a los comunicadores amenazados que, según el jefe de Gobierno Marcelo Ebrard, arriban a la capital mexicana para escapar de amenazas en el interior del país.

Sin embargo, los esfuerzos de estos programas han dejado un mal sabor de boca.

La organización internacional Artículo 19, con sede en Londres, lamentó recientemente la “simulación” con que trabajan los gobiernos en México para proteger a los gremios que corren mayor riesgo por denunciar la corrupción, el crimen organizado y otros temas.

“Falta profesionalismo y capacidad política”, dijo Darío Ramírez, representante en México.

Expuso como ejemplo un caso donde la policía y la Procuraduría de la Ciudad de México demoraron 10 días para dar protección a un informador, a pesar de que se documentó el riesgo.

En octubre pasado, el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, reprochó a las autoridades de Chihuahua el desdén para proteger a Ismael Solorio y su esposa Manuela Solís, activistas de la organización “El Barzón”, que finalmente murieron por disparos en la cabeza y en el pecho.