Comunidades seguras no es obligatorio

Las agencias del orden pueden usarlo a criterio: Kamala Harris

SACRAMENTO.— Las peticiones de detención solicitadas por el Servicio de Migración y Aduanas (ICE) para los inmigrantes indocumentados que se hacen bajo el programa federal Comunidades Seguras no son un mandato por lo que las agencias locales deben usar el criterio para responder, anunció ayer la procuradora Kamala Harris.

El anuncio de Harris se da 24 horas después de que el asambleísta demócrata de San Francisco, Tom Ammiano reintrodujera el Acta de Confianza, (AB4) que busca frenar el impacto que ha tenido Comunidades Seguras en las deportaciones y separación de familias de inmigrantes que no han tenido delitos o condenas serios.

“Este anuncio deja en claro que el gobierno federal no puede obligar a los jefes y sheriffs a mantener detenidos a los inmigrantes con base en una petición”, precisó la procuradora durante una conferencia de prensa en San Francisco.

Agregó que los jefes de policía y sheriffs tienen que decidir bajo su criterio y autoridad si honran esa petición o no. “No puede ser un mandato”, sostuvo

Harris indicó que ha procesado crímenes en contra de inmigrantes indocumentados en los que el agresor trata de convencer a la víctima de que si reporta el crimen, sería tratada como criminal.

“Nosotros no queremos reforzar un sistema que sugiera eso. Yo quiero que la víctima de una violación se sienta absolutamente segura de saber que si le hace señales a un oficial desde un auto en movimiento, será protegida, y a no tener miedo de que sería como llamar a un agente de ICE”, precisó.

La procuradora dijo que no ha leído los detalles del Acta de Confianza. Sin embargo, aclaró que su anuncio no tiene que ver con dicho proyecto de ley sino con el programa Comunidades Seguras establecido en 2008 para atrapar a los peores criminales, pero que en la práctica ha servido para deportar a miles de inmigrantes sin crimenes serios.

Sólo de marzo a junio de este año, el 28% de los inmigrantes indocumentados detenidos sujetos a deportación no tenían crimenes, estableció.

El asambleísta Ammiano dijo que Harris confirmó lo que ellos han dicho todo el tiempo: las peticiones de detención del Servicio de Migración y Aduanas no son obligatorias y las agencias locales deben usar el criterio para responder.

Hizo ver que dicha discreción es abusada, algunas veces, como en el caso de una mujer de Sacramento que fue detenida durante dos semanas cuando la levantaron por vender tamales. “Las detenciones han sido aplicadas en formas que agobian injustamente a ciertas comunidades”.

Por lo tanto, de acuerdo a Ammiano, el siguiente paso apropiado después de reconocer que los detenciones son opcionales es establecer normas mínimas a nivel estatal para su aplicación, y así asegurar que no se separen familias sin necesidad, no se trastoque la economía y se dañe la confianza de la comunidad en las agencias de policía.

Ammiano fue avalado por Tom Saenz, presidente de la Fundación Méxicoamericana para la Educación y Defensa Legal (Maldef), quien comentó a La Opinión que el anuncio de Harris demuestra justamente la necesidad de aprobar rápidamente el Acta de Confianza.

“Confirma que sería mejor tener una norma uniforme a nivel estatal en lugar de poner en deportación a los detenidos”, anotó.

Añadió que a falta de una uniformidad es una locura que en un condado, un inmigrante se pueda sentir seguro; y en otro no, porque las autoridades ahí tienen otro criterio en cuanto a las detenciones de ICE.

La Asociación de Sheriffs de California, que se oponía al menos hasta septiembre al Acta de Confianza porque -asegura- los ponía en una situación difícil al tener que elegir entre una ley federal y una estatal, respondió a una solicitud de comentario de La Opinión, que revisaban el comunicado de la procuradora Harris.

Steve Whitmore, portavoz del sheriff de Los Ángeles, Lee Bac, no contestó a una petición de La Opinión para hablar sobre el anuncio. En el verano pasado, Baca declaró a la prensa que acataría las peticiones de detención de ICE no a una ley estatal.

El gobernador Brown está comprometido a firmar el Acta de Confianza si se corrigen las fallas encontradas en la versión de Ammiano que vetó en septiembre pasado, y que a su juicio dejó por fuera algunos crímenes serios.

En un comunicado, Virginia Kice, portavoz de ICE respondió al anuncio de Harris que desde que Comunidades Seguras se puso en marcha hace tres años, más de 82,000 extranjeros han sido removidos en California, de los cuales 62,000 han tenido condenas criminales serias, 26,000 de ellos con crímenes serios y violentos. Mientras de que los 20,000 expulsados que no habían cometido crimen alguno, 15,000 habían sido deportados y repatriados previamente.