Evitarán abusos sexuales

El gobierno de EEUU pondrá en vigor nuevas normas para impedir que inmigrantes detenidos sufran abusos sexuales
Evitarán abusos sexuales
El gobierno dará a conocer las nuevas regulaciones para evitar que inmigrantes detenidos sufran agresiones sexuales.
Foto: Aurelia Ventura / La Opinión

WASHINGTON, D.C.— El gobierno promete tolerancia cero. La nueva propuesta con regulaciones que prevengan el abuso sexual en centros de detención para inmigrantes, aspira a cambios sustanciales. Una posible solución a un problema persistente en EEUU.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) describió las reglas como medidas efectivas cuyas metas son “prevenir, detectar y responder frente al abuso sexual en sus establecimientos”. Esto se lograría a través de planificación, respuesta e intervención coordinada, entrenamiento y educación del personal, contratistas, voluntarios y detenidos, trato adecuado a las víctimas, procedimientos para la investigación, disciplina, recolección de datos y auditorías.

“Los estándares que estamos proponiendo hoy, fortalecerán nuestra habilidad para proteger la salud y la seguridad de los individuos en lugares de detención”, declaró la secretaria de DHS, Janet Napolitano.

Ahora, las partes interesadas tendrán 60 días para realizar comentarios sobre la propuesta. Consultado respecto a la fecha en que se publicarán las regulaciones finales -que tenían como plazo inicial, enero de 2013- un funcionario de DHS dijo a La Opinión que “efectuarán las consideraciones necesarias y realizarán las revisiones correspondientes, de la manera más expedita posible”, sin dar mayores detalles.

De acuerdo a los registros del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) entre 2010 y junio de 2012 hubo 138 acusaciones de abuso sexual. De ellas 57% estuvieron relacionadas con la conducta de los detenidos, mientras un 38% correspondió a personal subcontratado y un 5% a funcionarios estatales y locales.

“Estos números son inaceptables para DHS y la Administración, que ha articulado un estándar de tolerancia cero en sus centros de detención. De acuerdo a esto, DHS ha instruido trabajar en la eliminación de estos incidentes”, especificó el documento con las nuevas regulaciones.

“Si todo lo que se menciona, logra ser implementado, implicaría un progreso enorme. Los estándares muestran el compromiso de la secretaria Napolitano de fortalecer los estándares”, dijo Chris Daley, subdirector de Just Detention International.

“Un punto en que DHS tendrá que trabajar, es tener un plan más robusto, para asegurarse que los nuevos estándares sean aplicados en los centros que son subcontratados por el gobierno. El lenguaje es problemático, en este sentido”, agregó.

“Estas regulaciones son similares a las que presentó el Departamento de Justicia y tienen protecciones específicas para inmigrantes […] por ejemplo, posee requisitos para proveer información en diferentes idiomas […] por ahora, creo que las reglas van por buen camino”, enfatizó Antonio Ginatta, director para Estados Unidos de Human Rights Watch.

DHS estima que las nuevas medidas tendrán un costo de 57.7 millones de dólares, con un gasto anual de 8,2 millones hasta el año 2022. Consultados respecto a el origen de los fondos, la agencia no realizó comentarios.

Respecto a medidas que permitan determinar responsabilidades, en casos de abuso, un funcionario de DHS destacó la realización de auditorías en todos los centros que impliquen estadías nocturnas, además de la recolección de datos relevantes.

En 2003, Estados Unidos promulgó la ley para la eliminación de las violaciones en prisión (PREA). Ahí se estableció que el asalto sexual en detención, constituye un quebrantamiento de la enmienda 8 de la Constitución.

La ley PREA, demandó un estudio integral del tema y la emisión de nuevas regulaciones al respecto, las que se concretaron en mayo de este año, con nuevas regulaciones emitidas por el Departamento de Justicia.

En este mismo periodo, el gobierno emitió un memorando, donde especificó que todas las agencias que no estuvieran incluidas en la regulación de Justicia, debían proponer nuevas reglas en un plazo de 120 días, para asegurar el cumplimiento de las protecciones de PREA, emitiendo regulaciones finales, en un plazo de 240 días.