Reforma dura e incierta

Las expresiones de alegría y optimismo en la comunidad inmigrante porque finalmente se ha presentado de modo formal una iniciativa de reforma de inmigración son justificadas, aunque quedan atemperadas por la aspereza de algunas de sus provisiones y por la aguda incertidumbre que le espera a la propuesta en un Congreso profundamente dividido política e ideológicamente.

Seis años después de la fallida propuesta de reforma de inmigración de George W. Bush, y tras un periodo en el que, sobre todo durante la administración de Barack Obama, se ha exacerbado de modo perturbador la deportación de indocumentados y han aflorado legislaciones estatales inhumanas y antiinmigrantes en numerosos estados, la presentación de la propuesta de ocho senadores parece, al menos, la promesa de un remanso en la turbulenta corriente del sistema de inmigración del país.

Y aunque ardua y costosa, de aprobarse esta iniciativa se marcaría una diferencia sustantiva con la realidad actual en materia de inmigración.

Pero esa esperanza no debe soslayar la dureza de esta iniciativa y la posibilidad de que, dada la fiera oposición que enfrentará en su caso en ambas Cámaras del Congreso, se vuelva todavía más filosa y restrictiva en el proceso legislativo.

Es dura porque impone a los indocumentados que soliciten su legalización un muy largo periodo de estadía en una suerte de estatus limbo que no incluye beneficios sociales, impone multas de por lo menos $1,000 y deja fuera a los que llegaron después del 31 de diciembre de 2011.

Es dura porque el inicio de esa legalización estaría condicionado al fortalecimiento de la seguridad fronteriza a un grado que parece imposible de alcanzar y que en todo caso la medición del nivel de seguridad podría quedar sujeta a criterios políticos y subjetivos.

Es dura porque una vez pasados esos 10 años los inmigrantes deberán pagar de nuevo multas para acceder a la residencia permanente y, tres años después, a la posibilidad de solicitar la ciudadanía. Con todo, el hecho de que el estatus de 10 años concede el permiso de trabajar, protege de la deportación y abre una vía a la ciudadanía es para muchos millones un escenario mejor que el actual.

Y para los jóvenes Dreamers, los beneficiarios del programa TPS y los trabajadores agrícolas temporales la situación es mucho más auspiciosa que la actual.

Con todo, y más allá de la bondad o severidad de esta iniciativa, la realidad política en el Congreso la mantiene sumida en la incertidumbre. Y si se considera, por ejemplo, la derrota en el Senado del moderado proyecto de control de armas que buscaba hacer obligatoria la revisión de antecedentes penales del comprador en una amplia mayoría de las operaciones de venta de armas, pese a todo el apoyo del presidente Obama y el peso de la tragedia de Newtown, la suerte de la presente reforma de inmigración está realmente en vilo y no se descarta su fracaso.

Por ello, la lucha cívica y la presión ciudadana son ahora más importantes que nunca.