Reformarían el proyecto migratorio

Impuslores esperan que los cambios no afecten la esencia de la iniciativa de ley

Reformarían el proyecto migratorio
María Cruz, de Kansas (c), con miembros de Sunflower Community Action durante el debate legislativo de ayer en el Capitolio.
Foto: AP

WASHINGTON, D. C.— El proyecto de ley de reforma migratoria podría experimentar serias modificaciones que disminuirían el número de personas legalizadas además de sumar nuevas medidas para la seguridad en la frontera. Luego del debate legislativo de ayer, quedó claro que el cabildeo por ciertos cambios será intenso.

Fue la quinta audiencia celebrada este año y la segunda desde que se presentó el proyecto de ley “Seguridad fronteriza, oportunidad económica y modernización de la inmigración 2013”. Por más de siete horas cuatro paneles de testigos debatieron junto a legisladores demócratas y republicanos sobre las fortalezas y debilidades de la propuesta.

Una de las áreas que probablemente será reforzada es la seguridada fronteriza. Varias personas recalcaron en la audiencia que el plan no entrega suficientes protecciones. Janice L. Kephart, exconsejera de la Comisión 9-11, criticó que se exija un 90% de efectividad en tan solo tres de los nueve sectores fronterizos.

El senador Lindsey Graham (R-SC), integrante del “Grupo de los Ocho”, insistió en que la legalización de los indocumentados está condicionada a ciertas metas en el área de seguridad.

“Si podemos mejorar estas condiciones, si podemos mejorar el sistema para regular la entrada y salida en los aeropuertos, cuenten conmigo”, dijo. ” Mejoremos este proyecto de ley; sí podemos”.

Otro de los puntos criticados fue el acceso al Estatus de Inmigrante Provisional (RPI). Senadores como John Cornyn (R-TX) insistieron en que una persona que, por ejemplo, ha estado involucrada en hechos de violencia doméstica podría ser elegible. Es probable que aparezcan enmiendas que impongan nuevas barreras de acceso.

Entre otras condiciones, bajo el nuevo proyecto de ley un individuo no podría postular al estatus de RPI si cometió un crimen, tiene tres o más delitos menores que no sean violaciones de tráfico y ha perpetrado delitos bajo la ley extranjera.

Una de las barreras de acceso para la residencia legal será el pago de multas: hasta ahora 2,000 dólares por persona.

Por el momento la propuesta no incluye el pago de impuestos atrasados ni una fórmula para determinarlos.

Sin embargo ayer, Grover Norquist —el conservador que fundó Americans for Tax Reform— defendió el proyecto de ley y mencionó en repetidas oportunidades las ganancias provenientes de los impuestos atrasados como si ya fueran parte de la propuesta.

“Necesitamos más trabajadores en diversas áreas”, agregó Norquist. “Un programa de trabajadores temporales más fuerte. Me gustaría ver más de esto en la propuesta, pero hemos avanzado mucho”, comentó.

Una posición similar tuvo Rick Judson, presidente de National Association Home Builders, quien insistió en que el acuerdo entre la AFL-CIO y la Cámara de Comercio de Estados Unidos, no contiene visas suficientes para trabajadores en el área de construcción.

Consultado por La Opinión, Judson aseguró que no ha recibido respuestas de los senadores que integran el “Grupo de los Ocho” para modificar esta área pero insistió en que sigue siendo optimista.

Los principales negociadores del acuerdo para la industria agrícola —Arturo Rodríguez, presidente de UFW y Charles Cooner, presidente de National Council of Farmer Cooperative— aseguraron que su intención es defender el pacto que lograron para el sector y evitar modificaciones drásticas.

Fuentes cercanas al “Grupo de los Ocho” reiteraron que los legisladores se opondrán a enmiendas que ataquen “el corazón de la legislación”.

Hoy el Comité Judicial llevará a cabo el tercer debate legislativo sobre el proyecto de ley migratoria, en el que estará declarandola Secretaria del Departamento de Seguridad Nacional de EEUU, Janet Napolitano.