Reforma migratoria enfrentará cambios

Washington, D. C.

Luego de dos de audiencias en el Senado sobre la propuesta reforma migratoria, quedó claro que el cabildeo por ciertos cambios será intenso, y posiblemente se disminuirían el número de personas legalizadas, además de sumar nuevas medidas para la seguridad en la frontera.

Así fue divulgado en la quinta audiencia celebrada este año y la segunda audiencia desde que se presentó el proyecto de ley “Seguridad fronteriza, oportunidad económica y modernización de la inmigración 2013” la semana pasada. Por más de siete horas, cuatro paneles de testigos, debatieron junto a legisladores demócratas y republicanos, las fortalezas y debilidades de la propuesta.

Una de las áreas que probablemente será reforzada es la seguridada fronteriza. Varios testigos en la audiencia recalcaron que el plan no entregaba suficientes protecciones. Personas como Janice L. Kephart, exconsejera de la Comisión 9-11, criticó que se exigiera un 90% de efectividad sólo en tres de los nueve sectores fronterizos.

Uno de los integrantes del llamado Grupo de los 8, el senador Lindsey Graham (R-SC), insistió en que la legalización de los indocumentados está condicionada a ciertas metas en el área de seguridad. “Si podemos mejorar estas condiciones, si podemos mejorar el sistema para regular la entrada y salida en los aeropuertos, cuenten conmigoMejoremos este proyecto de ley, si podemos”, dijo.

Otro de los puntos criticados fue el acceso al Estatus de Inmigrante Provisional (RPI). Senadores como John Cornyn (R-TX) insistió en que una persona que, por ejemplo, ha estado envuelto en violencia doméstica podría calificar. Es probable que aparezcan enmiendas que impongan nuevas barreras de acceso.

Entre otras condiciones, bajo el nuevo proyecto de ley, un individuo no podría postular al estatus de RPI si cometió un crimen, tiene tres o más delitos menores, que no sean violaciones de tráfico, y si ha perpetrado delitos bajo la ley extranjera.

Una de las barreras de acceso para la residencia legal será el pago de multas, hasta ahora $2,000 por persona. Por el momento, la propuesta no incluye el pago de impuestos atrasados, ni una fórmula para determinarlos.

Sin embargo, Grover Norquist, el conservador que fundó Americans for Tax Reform, defendió el proyecto de ley y mencionó en repetidas oportunidades las ganancias provenientes de impuestos atrasados, como si ya fueran parte de la propuesta.

“Necesitamos más trabajadores en diversas áreas”, agregó Norquist. “Un programa de trabajadores temporales más fuerte. Me gustaría ver más de esto en la propuesta, pero hemos avanzado mucho”.

Una posición similar tuvo Rick Judson, presidente de la Asociacion Nacional de Constructores de Casas, quien insistió en que el acuerdo entre la AFL-CIO y la Cámara de Comercio de E. U., no contiene visas suficientes para trabajadores en el área de construcción.

Consultado por La Opinión, Judson aseguró que no ha recibido respuestas de los senadores que integran el Grupo de los 8, para modificar esta área, pero insistió en que se mantiene optimista.

Por su parte, los principales negociadores del acuerdo para la industria agrícola, Arturo Rodríguez, presidente de UFW, y Charles Cooner, presidente del Concilio Nacional de Cooperativas Agrícolas, aseguraron que su intención es defender el pacto que lograron para el sector y evitar modificaciones drásticas.

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