La lógica y la reforma migratoria

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Tal como se esperaba, la discusión que se lleva a cabo en el Comité Judicial del Senado sobre la reforma migratoria ha generado una ardua controversia entre quienes están a favor de que se legalice a los indocumentados y quienes se empeñan en mantenerlos en las sombras.

Aunque hasta ahora ninguno de los dos lados puede cantar victoria, lo que más llama la atención de esta polémica es la poca seriedad de los argumentos esgrimidos por el bando contrario a la reforma. Un reciente reporte de la Fundación Heritage, por ejemplo, indica que la legalización de las personas sin papeles le costaría a Estados Unidos 6.3 billones de dólares en los próximos 50 años. Este cálculo se basa en la creencia de que los indocumentados permanecerán en el escalafón social más bajo y el país gastará más en ofrecerles servicios públicos de salud, educación y asistencia social que lo que ellos pagarán en impuestos.

El problema de este reporte es que no toma en cuenta los aportes de los inmigrantes, como el hecho de que su participación en el mercado laboral es más alta que la de los nacidos aquí y que el porcentaje dueño de pequeños negocios es también más elevado que el de la población nativa. Diversos estudios indican también que los inmigrantes recurren menos a la asistencia social, por lo que, lejos de ser una carga, una reforma migratoria impulsaría la economía nacional. Otros investigadores, como Doug Holtz-Eakin, ex director de la Oficina de Presupuesto del Congreso, estiman que, por todas estas razones, la aprobación de la reforma migratoria reduciría el déficit del país en alrededor de 2.5 billones de dólares.

La falta de solidez del estudio de Heritage generó críticas no sólo entre los defensores de la reforma sino incluso entre ciertos sectores conservadores. El fuego se atizó más al darse a conocer que Jason Richwine, uno de los autores del estudio, había señalado que el coeficiente intelectual de los inmigrantes es más bajo que el de la población nativa de Estados Unidos. Debido a lo absurdo e indefendible de su postura, Richwinse se vio obligado a renunciar.

Por otra parte, han salido a relucir otros estudios que subrayan la necesidad de que el país legalice a los inmigrantes porque se necesita con urgencia de mano de obra que reemplace a los baby boomers que han empezado a retirarse en oleadas masivas.

Otra razón de peso para aprobar la reforma es que hay numerosas familias con estatus mixto, donde conviven ciudadanos con indocumentados. En California, por ejemplo, se estima que uno de cada seis niños tiene al menos un padre indocumentado. Esta situación no sólo se traduce en inestabilidad familiar sino también en pobreza. La aprobación de la reforma podría solucionar estos problemas pues les daría nuevas oportunidades a los padres de esos niños, lo que inyectaría más recursos a la economía del estado y del país.

Como se ve, hasta ahora, la lógica está del lado de quienes están a favor de la reforma.