Futuro de decomisos de autos en la mira

Reunión policial y de consulados sobre incautación de automóviles

Una grúa remolca un auto decomisado por la policía.

Una grúa remolca un auto decomisado por la policía. Crédito: <copyrite>La Opinión - </copyrite><person>Archivo< / person>

El jefe de la Policía de Los Ángeles, representantes de consulados latinoamericanos y el concejal Gil Cedillo se reunen hoy para discutir el futuro de la ley que impide el decomiso por 30 días de autos a choferes indocumentados, luego que un juez se inclinara por su cancelación.

El encuentro, que se realizará esta tarde en la oficina de Cedillo en el edificio de la Alcaldía, tiene como objetivo definir una estrategia que defienda a la Orden Especial 7, en vigor desde abril de 2012. Este cambio redujo considerablemente los ingresos monetarios del municipio y de las compañías de grúas.

El pasado lunes, el juez del Tribunal Superior del condado de Los Ángeles, Terry Green, concluyó que dicha norma viola el Código de Vehículos de California (CVC), dándole la razón al Sindicato de Policías de Los Ángeles (LAPPL) y al grupo Judicial Watch, que demandaron a la Policía angelina hace un año.

“El juez ha dicho que hemos rebasado la ley, estamos en desacuerdo con eso”, expresó Cedillo. “Queremos trabajar con el jefe de la Policía [Charles Beck], para que no le quiten los coches a los conductores inmigrantes”, dijo el funcionario.

Beck y representantes de los consulados de México, El Salvador, Guatemala, Honduras y Costa Rica en esta ciudad han confirmado su asistencia a la reunión con el edil. También participará la Procuraduría Municipal, que respaldó legalmente la aplicación de la Orden Especial 7.

“Queremos que la comunidad trabaje con la Policía reportando crímenes para hacer más segura a la ciudad. Creemos que eso no pasa cambiando la Orden Especial 7”, dijo Cedillo, que siendo legislador estatal impulsó una ley que detuvo los decomisos de coches en retenes de sobriedad en todo el estado.

El Sindicato de Policías insiste en que seguirá luchando para eliminar tal orden y evitar que los 10 mil agentes que patrullan esta ciudad se enfrente al dilema de aplicarla o no. “El LAPPL estaba convencido de que era irrazonable e inaceptable poner a nuestros miembros en esa posición, y que la seguridad pública sufrió a causa de esta orden especial”, comentó Tyler Izen, presidente del grupo.

Por su parte, la Unión Americana para las Libertades Civiles (ACLU) anticipa que apelará el fallo del juez Green, que, sin embargo, no ha pedido la cancelación inmediata de la Orden Especial 7.

“Estoy preocupado porque creo que el juez no aprecia la intención plena de la ley original, enfocada en la gente que maneja con licencias suspendidas por conducir en estado de ebriedad”, subrayó Cedillo.

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