Migrantes de California esperan por el Acta de Confianza

SACRAMENTO.— Sobre el escritorio del gobernador Jerry Brown aguarda el Acta de Confianza (Trust Act), una medida que daría un gran alivio a la comunidad inmigrante al impedir que las policías locales y de los condados colaboren con el Servicio de Migración y Aduanas en el encarcelamiento de indocumentados que no tienen delitos serios.

“Sería una excelente oportunidad de avanzar en la reforma migratoria y de limitar las deportaciones de personas que están en camino de hacerse ciudadanos o tienen esa posibilidad”, dijo Jon Rodney, portavoz del Centro de Políticas de los Inmigrantes de California, una organización que ha abogado en favor de la medida desde 2011, cuando se presentó por primera vez.

El año pasado, Brown vetó esta propuesta, según dijo, porque dejaba por fuera de la lista de delitos serios, el abuso de niños, el uso de menores para vender drogas y las amenazas de ataques terroristas.

En una entrevista con La Opinión, el gobernante aseguró que la firmaría si la medida era enmendada, ampliando la lista de delitos que permitirían la cooperación entre los policías locales y el ICE.

Y así lo hizo la oficina del autor, el asambleísta demócrata de San Francisco, Tom Ammiano. “Hemos platicado mucho con la oficina del gobernador, y esperamos que las enmiendas incluidas hagan que firme el proyecto de ley. Por lo que pensamos que tenemos una medida que protegerá a la mayoría de la gente y que la firmará”, dijo Carlos Alcala, portavoz de Ammiano.

En la práctica, la AB4 que contiene el Acta de Confianza quiere poner fin a las miles de deportaciones realizadas a través del controversial programa de ICE, Comunidades Seguras. Hasta el 31 de mayo, 98,504 personas fueron deportadas desde que este programa comenzó.

“Esta medida requeriría que los sheriffs rechazaran las peticiones del Gobierno federal para mantener a las personas en custodia, pendientes de ser transferidos a la jurisdicción del gobierno federal”, dijo en un comunicado la La Asociación de Sheriffs de California, que se opone a la medida.

Agregaron que los obligaría a liberar a ofensores que han sido objeto de órdenes previas de expulsión del país, previamente deportados o con ofensas serias y violentas.

Sin embargo, el sheriff Lee Baca de Los Ángeles está a favor de la versión actual. “Si el gobernador la firma, el sheriff Baca la apoya. El Acta de Confianza nunca había estado mejor. Es una medida práctica y realista”, dijo Steve Whitmore, portavoz de Baca.

También Steve Freitas, Sheriff del condado de Sonoma, un fuerte oponente del Acta de Confianza, dijo que si el gobernador la hace ley no se opondrá a ejecutarla.

Este año, 51 investigadores universitarios, 28 miembros de la bancada demócrata en el Congreso y los jefes de policía de San Diego, Chula Vista y San Francisco han pedido al gobernador Brown que la firme.

Evan Westrup, portavoz del gobernador dejó entrever una posibilidad de esperanza al decir que se trataba de una medida muy importante en la que han trabajado todo el año con el autor de la medida y las partes interesadas.El gobernador Brown tiene hasta el 13 de octubre para firmar o vetar el Acta de Confianza.