Jefe Beck no hará cambios a decomisos de autos en LA

El jefe del Departamento de Policía de la ciudad, Charlie Beck, se mantiene firme a favor de la Orden Especial 7 que permite que los inmigrantes sin licencia de conducir puedan recuperar sus vehículos rápidamente.

“Aún no hemos leído la opinión del juez; cuando lo hagamos, el abogado de la ciudad y yo emitiremos nuestra opinión”, dijo Beck. “Es mi ordenanza y mantengo que es necesaria”.

La Orden Especial 7 fue redactada y establecida por Beck en febrero del 2012. Con esta ordenanza municipal, los conductores sin licencia pueden recuperar sus vehículos sin tener que esperar 30 días de decomiso forzado.

La demanda en contra de esta normativa fue interpuesta por el sindicato que representa a los policías, Los Angeles Police Protective League, por considerar que va en contra de la ley estatal y pone en peligro la seguridad pública.

El juez Terry Green concordó con el sindicato de policías en su fallo del pasado lunes.

Bajo la Orden Especial 7, los policías tienen la opción de no decomisar el vehículo si hay alguien presente con licencia válida. En el caso en que el vehículo sea decomisado, los conductores sin licencia pueden reclamarlo en menos de 30 días si presentan prueba de seguro y si no tienen arrestos anteriores.

La Unión Americana para las Libertades Civiles (ACLU) reaccionó inmediatamente advirtiendo que apelará el fallo.

Hasta ahora el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) no ha hecho ningún cambio en sus operaciones. Y la ordenanza se mantendrá mientras continúe la apelación en la corte.

El abogado Michael Kaufman, de ACLU, explicó a La Opinión que si la Corte de Apelaciones da entrada a la petición de la ACLU, que presentarán en las próximas dos semanas, la Orden Especial 7 podría seguir aplicándose al menos por siete meses más.

Pero si la apelación no es aceptada, la medida desaparecerá de forma inmediata, lo que significa que los conductores sin licencia tendrán que esperarse un mes antes de recuperar sus vehículos decomisados y pagar por todos los gastos del prolongado incauto, el cual pueden ascender en promedio a $1,500.