Activistas exigen al Congreso cese de espionaje doméstico

Durante una jornada de cabildeo, un centenar de activistas acudieron a oficinas de los legisladores para pedir que frenen la vigilancia sin permiso y la recolección masiva de datos personales de estadounidenses

Activistas exigen al Congreso cese de espionaje doméstico
Los activistas recibieron capacitación en el arte de hacer cabildeo en el Congreso antes de acudir a las oficinas de sus representantes para exigir el cese de espionaje doméstico.
Foto: María Peña

Washington.- Más de un centenar de activistas visitaron hoy las oficinas de sus representantes en el Congreso de EE.UU. para exigir el cese del espionaje doméstico de los estadounidenses y reformas a la Ley Patriota, en víspera del 12 aniversario de la histórica ley contra el terrorismo.

Durante una sesión de estrategia privada cerca del Capitolio, organizada por el grupo Public Knowledge, los activistas recibieron capacitación en el arte de hacer cabildeo en el Congreso, donde se reunieron con asesores de legisladores clave en asuntos de inteligencia y seguridad nacional.

Unos 118 activistas de la llamada coalición Stop Watching Us (Deja de Vigilarnos), procedentes de todo el país, llevaron a los legisladores su mensaje de oposición a una vigilancia gubernamental sin el debido permiso judicial.

“Estamos realizando estas reuniones para ponerle rostro a las más de 570,000 firmas de la petición de la coalición Stop Watching US. El Congreso ya escuchó a las empresas, a la Administración, y a la Agencia de Seguridad Nacional, y ahora es tiempo de que los votantes visiten a sus legisladores y les pidan que frenen la vigilancia sin permiso y la recolección masiva” de datos personales, explicó Chris J. Lewis, vicepresidente de asuntos gubernamentales de Public Knowledge.

Para los activistas, la seguridad nacional no debe estar reñida con la protección de la vida privada de las personas, y por eso exigen reformas a la Ley Patriota, promulgada el 26 de octubre de 2001, 45 días después de los atentados del 11-S.

La sesión de estrategia fue liderada por Michelle Richardson, abogada en Washington de la Unión de Libertades Civiles de EEUU (ACLU, en inglés), quien consideró que el escándalo por el espionaje interno de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) ha movilizado a los grupos defensores de los derechos civiles.

Con la revelación de programas de espionaje secretos de la NSA por parte del exanalista de la CIA, Edward Snowden, “ahora tenemos finalmente pruebas en blanco y negro de que el Gobierno está espiando a ciudadanos de a pie, los votantes están airados, y el Congreso está tomando medidas”, señaló Richardson.

“Hay tantas formas de recabar inteligencia que no implica el espiar a ciudadanos de a pie; hay tantas herramientas dirigidas contra terroristas, espías y los malos allá afuera, y queremos que las autoridades regresen a éstas”, agregó.

“Ni siquiera ACLU está diciendo que no deben realizarse escuchas telefónicas o investigaciones antiterroristas, pero no se pueden hacer en detrimento de la privacidad del ciudadano de a pie”, argumentó.

Richardson no quiso opinar sobre el espionaje de aliados de Washington como México y Brasil, pero sí observó que EE.UU supera en capacidad de recabación de inteligencia a otros países y la NSA ha aumentado enormemente sus capacidades, pero “ese gran poder viene apareado con una gran responsabilidad”.

La próxima semana, líderes demócratas y republicanos de ambas cámaras del Congreso presentarán medidas relacionadas con los programas de inteligencia: por un lado están los esfuerzos reformistas liderados por el senador demócrata de Vermont, Patrick Leahy y, por otro, los de la senadora demócrata por California, Dianne Feinstein, para fortalecer los programas de la NSA.

La veintena de medidas en ciernes se divide en tres grupos: las que buscan prohibir la recabación masiva de archivos telefónicos y de internet; las que piden reformar el tribunal que permite el espionaje interno, y las que buscan mejorar la supervisión de los programas de la NSA.

La jornada de cabildeo ante el Congreso será seguida mañana con una manifestación a la que se esperan alrededor de 4,500 personas, según Bartees Cox, portavoz de Public Knowledge.