Alertan sobre servicios legales en LA que estafan a inmigrantes

En el Congreso agoniza la legalización de millones de indocumentados, pero en una oficina jurídica de Pico Rivera hay tanto optimismo que prometen colocar “al frente de la fila” al que pague $3,000 dólares.

“Estaría en la lista para que su caso pase lo más rápido posible”, asegura la secretaria de un abogado especializado en casos de inmigración que despacha en Telegraph Road. “No deje pasar el tiempo”, aconseja la empleada y propone cubrir la tarifa en cuatro partes.

A 37 millas de ahí, en Canoga Park, la principal promoción del llamado “Centro Profesional Hispano” es la “nueva” reforma migratoria, para la cual ofrecen ayuda a precios “muy razonables”.

El pasado 5 de octubre el gobernador Jerry Brown firmó con carácter de urgente (para que entrara en vigor inmediatamente) la ley AB 1159, que prohíbe a consultores y abogados cobrar honorarios por servicios relacionados con una Reforma Migratoria que sigue en el limbo; sin embargo, en el área de Los Ángeles pareciera que dicha iniciativa aún no se aplica al pie de la letra.

“Eso es ilegal”, expresó sorprendida la asambleísta Lorena González, autora de la AB 1159, al enterarse de la práctica del abogado de Pico Rivera. “No puedes cobrar por algo que no se ha aprobado”, agregó.

Seis semanas después de entrar en efecto, dicha ley no ha generado ninguna denuncia, pero González cree que llegarán muchas cuando la Barra de Abogados de California habilite un número telefónico para atenderlas, lo cual sucedería a principios de 2014.

“Queremos detener a la gente que quiere tomar ventaja de los inmigrantes”, comentó la legisladora de San Diego. “Desafortunadamente, sabemos que vamos a recibir muchas quejas”, agregó.

Expertos en asuntos migratorios y del consumidor confían en que la AB 1159 evitará fraudes que incluso pueden derivar en la deportación de una persona. De hecho, la ley también exige a los consultores del ramo extender contratos en lugar de recibos, duplica la fianza por cada empleado en estas oficinas a $100 mil dólares y fija un castigo de hasta $1,000 dólares diarios a los infractores.

Ni el “Centro Profesional Hispano”, ni el abogado de Pico Rivera comentaron sobre dicha legislación.

La AB 1159 se enfoca además en uno de los grupos que más han causado dolores de cabeza: los “notarios”, que cobran fuertes cantidades por realizar trámites migratorios. La nueva legislación les prohibe anunciarse usando esta palabra, como una traducción al español de “notary public”.

“Es engañoso, no significa lo mismo en inglés y en español”, señala Rigo Reyes, del Departamento de Asuntos del Consumidor del condado de Los Ángeles, al explicar que en Latinoamérica un notario es un abogado especializado que certifica actos y títulos, mientras que aquí es una persona que toma un curso de una hora para poder traducir y dar fe de documentos.

Los “notarios”, no obstante, siguen ofreciendo sus servicios en los clasificados de revistas y en la Sección Amarilla.

“¿Necesita un notario?”, pregunta un anuncio que refiere a un local sobre la avenida César Chávez, en el Este de Los Ángeles, en cuya entrada sí aparece el término “notary public”.

Tan grave es el problema del fraude en trámites migratorios, que la Oficina de Asuntos de Inmigración de la Alcaldía de Los Ángeles está explorando la posibilidad de que la Procuraduría Municipal empiece a tomar este tipo de denuncias.

“Estos casos a veces no son investigados porque toma mucho tiempo”, indicó Linda López, el “Zar de Inmigración” del alcalde Eric Garcetti. La dependencia a su cargo se ha integrado al equipo especial contra prácticas judiciales ilegales, donde están la Procuraduría federal y la Oficina de Migración.

“Este problema es algo que no solo afecta al individuo, sino a su familia; hay muchas consecuencias en términos financieros y de deportación”, recalcó López.

Para la abogada Cristina Pérez, el sentido común de las personas también debe ser usado para prevenir estafas. “Es algo obvio: si no hay una reforma migratoria ¿entonces por qué me están cobrando? Tenemos que hacer preguntas, no confiar al cien por ciento”, recomendó.

Obtenga referencias de un consultor de inmigración y no se base sólo en la publicidad Verifique los antecedentes del consultor en el sitio http://www.sos.ca.gov/business/sf/bond_search/ o llamando al (916) 653-3984.

Compruebe que le puedan proporcionar los servicios prometidos y

no pague por los formularios antes de realizar el trabajo prometido.

Nunca firme un documento en blanco o un formulario con información falsa.

Obtenga un contrato por escrito en lugar de un recibo.

Presente una queja a la Oficina de Ayuda a Migrantes del Departamento de Justicia de California al teléfono (888) 587-0557