Pro inmigrantes cambian estrategia

Se enfocan en presionar a Obama para que tome medidas administrativas
Pro inmigrantes cambian estrategia
Manifestantes participan de una marcha pro inmigrante en Manhattan, Nueva York.
Foto: El Diario-La PrensaArchivo

Ante la certeza cada vez mayor de que una reforma migratoria se aleja en el horizonte entre varios meses a un año, los grupos pro inmigrantes comienzan a hablar de soluciones concretas que la Casa Blanca podría tomar y a buscar maneras de ejercer presión sobre el Presidente Obama para que tome medidas administrativas.

Entre esas posibilidades, Acción Diferida (DACA) para todos comienza a tomar fuerza.

El congresista Raúl Grijalva está circulando una carta entre sus colegas de la Cámara de Representantes en la que abogan ante el Presidente Barack Obama para que “expanda el programa de acción diferida y suspenda más deportaciones de aquellos que podrían ser potenciales ciudadanos bajo la reforma migratoria”.

“La oposición sin sentido a este paso no refleja la voluntad pública ni la responsabilidad moral que tenemos, y prolonga el sufrimiento de aquellos que pudieran pronto ver reconocido su papel en la sociedad”, reza la carta, hasta ahora refrendada por 26 de sus colegas, entre los cuales están Tony Cárdenas y Grace Napolitano, de Los Ángeles, pero faltan varios notables nombres de congresistas latinos.

Cada vez son más los grupos que reconocen que tendrán que cambiar o al menos ampliar el énfasis de su presión y activismo, de una solución legislativa para este año — ya vista como virtualmente imposible— a una solución administrativa para los indocumentados, mientras se negocia proyectos de ley individuales en la Cámara de Representantes.

El Presidente usa su poder ejecutivo constantemente con otros temas y lo ha hecho en al menos dos ocasiones en inmigración: DACA para jóvenes indocumentados y permisos de estadía para familiares de personas en servicio militar o veteranos.

Hay grupos, como La Red Nacional de Jornaleros (NDLON), que se han enfocado en lo administrativo y ahora argumentan que hay que poner la responsabilidad sobre el Presidente, cuya política de deportaciones ha seguido un fuerte ritmo que está a punto de llegar a los dos millones.

“Cuando uno tiene una herida trata de parar el sangrado”, dijo Pablo Alvarado, director de NDLON. “Lo que queremos es parar las deportaciones y el presidente Obama no es un espectador del Congreso para ver qué hace. Quien está deportando ahorita no es John Boehner (el líder republicano de la Cámara), sino el Presidente”.

Angélica Salas, de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Ángeles (CHIRLA), dijo que si el calendario de este año se agota sin una solución legislativa, el enfoque definitivamente tendrá que cambiar.

“Al ver que esto se estanca, que el partido demócrata demuestre, a partir de sus líderes, que tiene compasión y consciencia y que otorguen una protección temporal mientras peleamos por la permanente”, agregó Salas.

María Elena Hincapíe, directora de El Centro Nacional de Leyes de Inmigración, (NILC), “siempre vio como plan A, tanto la parte legislativa como administrativa”.

“Hemos consultado a expertos legales y el Presidente tiene la autoridad legal de la misma manera que la tuvo con DACA. Lo mínimo que puede hacer es que los reglamentos actuales sean implementados porque la discreción en deportaciones ha sido un fracaso completo”, señaló Hincapié. NILC y otros grupos pro inmigrantes están hablando de las opciones que podrían ser viables.

Frank Sharry, de America´s Voice, indicó que, entretanto, “nos enfocaremos en que Obama deje de deportar a quienes podrían legalizarse”.

Otros grupos niegan que cambiarán su enfoque e insisten en que seguir con los dos ojos puestos en que el Congreso apruebe reforma migratoria es lo correcto.

“Nosotros vamos a seguir con intensidad exigiendo la reforma en la Cámara, en parte porque es lo que las familias quieren hacer”, dijo Ricardo Ramírez, portavoz de FAIR, Movimiento de Reforma Migratoria Justa. “Tenemos el impulso político, estamos ganando apoyo y la postura republicana no es moral ni políticamente sostenible”.

FAIR no se enfocará en pedir soluciones administrativas, sino que seguirá pidiendo una solución legislativa. “Nunca hemos estado tan cerca”, dijo Ramírez.